El Govern reta al TSJC y sólo dará clases en castellano individualizadas

BARCELONA– La inmersión lingüística se mantiene incólume y el catalán, por tanto, sigue siendo la única lengua vehicular en la escuela. No hay decisión judicial, aparentemente, que sea capaz de equiparar el castellano al catalán. Al menos la última –una interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)– tampoco ha logrado que la Generalitat corrija su modelo. Así se desprende la propia resolución dirigida por el departamento de Enseñanza a los centros educativos donde los padres de varios alumnos reclamaron que el castellano fuera la lengua vehicular de escolarización de sus hijos, una petición que avaló el TSJC.

«Resuelvo que el centro concertado continúe con la aplicación de su modelo lingüístico», concluye la conselleria de Enseñanza en una resolución fechada el pasado 17 de abril. Tras comprobar el contenido de esta comunicación de la Generalitat a los centros escolares, el PP manifestó su indignación en el Parlament. «Es un escándalo que el departamento de Enseñanza pida a los centros que continúen con la inmersión y la atención individualizada, en contra de lo que dictan las sentencias», protestó la diputada popular, María José García Cuevas, durante la sesión de control al Govern en el Parlament.

La doctrina del TSJC

Lo cierto es que el TSJC instó a la conselleria de Enseñanza a adoptar «cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística, en cuanto afecte al hijo del recurrente, a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que conisdera también al castellano como lengua vehicular junto con el catalán». Pues bien, la Generalitat se ha cogido al fragmento «en cuanto afecte al hijo del recurrente» para no conceder al castellano el mismo trato que al catalán.

García Cuevas acusó a la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, de «no cumplir la ley» porque «la inmersión obligatoria y excluyente no es legal en Cataluña y es una vergüenza pública que algún ciudadano tenga que reclamárselo». «Ninguna familia tendría que ir a los tribunales para que ustedes cumplan la Ley de Política Lingüística del 98», sentenció.

Rigau, en su réplica, negó estar ignorando las decisiones judiciales. «Yo estoy dando cumplimiento a la ley y la ley dice que el tratamiento individualizado es una estrategia prevista en las primeras enseñanzas. Y usted lo sabe porque el Supremo lo ha ratificado y, si no, mire la sentencia. No me hable de interlocutorias. Hable de setencias y mire su conclusión final donde dice que el modelo que aplicamos es correcto, es bueno y tiene un fundamento jurídico», dijo la consellera.

El duelo prosiguió porque en el PP están convencidos de que el Govern siempre se refugia en «argumentos y argucias» para no implantar un bilingüismo efectivo en la escuela. «El Tribunal confirmó que el castellano está excluido del sistema, que la atención individualizada queda específicamente excluida, que se debe aplicar la conjunción lingüística a toda la clase, y que no se discute la bondad o no de la inmersión, sino la exclusión del castellano», subrayó.

Rigau acabó optando por la ironía para posicionarse sobre el asunto y afirmó que incluso pensaba que García Cuevas no acabaría interrogándola por la lengua después de la fiesta de Sant Jordi, que la consellera calificó como «una manifestación más de convivencia» y de que no hay ningún problema lingüístico más allá de cuestiones puntuales.

Claves

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Se aplica desde 1983, y consiste en que el catalán es la única lengua vehicular en las aulas.

SENTENCIAS

Existen al menos cinco sentencias que obligan a la Generalitat a rectificar su política lingüística, pero la conselleria nunca las ha obedecido.

DENUNCIAS

La asociación probilingüismo Convivencia Cívica Catalana ha recibido hasta el momento un total de 10.31 quejas de familias que piden una educación en castellano para sus hijos. La conselleria les ignora.