El desafío independentista
El improbable estado catalán
El proceso soberanista encalla entre disputas internas, impugnaciones y experimentos
Han pasado cinco meses desde que Artur Mas ganó las elecciones autonómicas con una fuerza menguante. Pese a su retroceso electoral, Mas no titubeó a la hora de priorizar su acción de gobierno. Atrapado por el pacto con ERC, el presidente de la Generalitat puso rumbo al estado propio y, cinco meses después, los resultados no resultan muy esperanzadores para su propósito. El proceso soberanista sigue adelante, pero lo hace con una división creciente en el seno del Govern, con una oposición frontal del Gobierno que augura un callejón sin salida y con una serie de iniciativas como la puesta en marcha del embrión de la hacienda propia, que, la oposición califica de «cortina de humo» (en palabras de Pere Navarro) y de «experimento con gaseosa (en palabras de Alicia Sánchez-Camacho).
Sin embargo, Mas no está dispuesto, por el momento, a rectificar el rumbo. Ha llegado a la conclusión de que su suerte como presidente de la Generalitat está fiada a la convocatoria de una consulta soberanista, cuya celebración es un enorme interrogante. Los consellers han comenzado a polemizar en público sobre el asunto y el president no ha tenido otro remedio que llamar al orden a los miembros de su gobierno para evitar «el ruido».
La presión de ERC
En paralelo, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, observa con atención las contradicciones de un gobierno donde anidan posturas muy diferentes entre los consellers de Unió y de Convergència. Pese a todo, Junqueras no piensa abandonar a Mas porque el presidente está aplicando la hoja de ruta soberanista sin demasiadas dudas. Comenzó impulsando una declaración de soberanía en el Parlament y siguió creando un consejo de transición nacional encargado de modelar el futuro estado catalán.
Ambas iniciativas han sido impugnadas por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La Generalitat no comprende este rechazo porque se trata de asuntos sin raíz jurídica, únicamente política. Pero el Gobierno quiere demostrar a Mas que no va a permanecer de brazos cruzados mientras alimenta la fantasía de un estado catalán que, hoy por hoy, es completamente improbable.
Lo es porque ni el PP, con mayoría absoluta en el Congreso, ni el PSOE están dispuestos a reformar la Constitución para dar cabida a las aspiraciones de autodeterminación que ahora dominan en CiU. La consulta, a ojos del Gobierno, es poco menos que una quimera, pero la Generalitat insiste en celebrarla.
Planea aprobar dentro de pocos meses una ley de consultas para dar acomodo legal al referéndum y planea internacionalizar lo que ha comenzado a denominar el «conflicto catalán». Dicen en CiU que el proceso no tiene marcha atrás, pero resulta complicado visualizar cómo puede culminar este intento cuando la sensación, cada vez más extendida, es que se está construyendo la casa por el tejado.
No se atisba la celebración de la consulta, pero Mas ya ha puesto en marcha el diseño del estado catalán. Es decir, se desconoce el resultado de esa hipotética convocatoria pero CiU da por hecho que la mayoría votaría a favor del estado propio y, por eso, ha dado la instrucción de comenzar a diseñar su sistema de seguridad, su sistema de pensiones, seu seguridad social y sus relaciones internacionales, entre otras cosas. Tan convencida está la Generalitat de que la mayoría votaría a favor del estado catalán que asegura que precisamente por eso el Gobierno no permite votar.
El PP censura la hacienda propia de Mas
La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, advirtió ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que Cataluña «no está para experimentos con gaseosa» como una agencia tributaria propia, un proyecto que en su opinión sería «ilegal». Sánchez-Camacho consideró que Cataluña «no está para experimentos con gaseosa, sino para tener un gobierno que gobierne, que apruebe medidas para recuperar la economía y reducir el paro y trabaje para mejorar el sistema de financiación».
El PSC critica las maniobras de distracción del Govern
El líder del PSC, Pere Navarro, aseguró ayer que el anuncio de la Generalitat de que empresas y ayuntamientos podrán pagar sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana «es una cortina de humo por parte de un Govern que intenta construir un Estado propio antes de que los catalanes puedan opinar». En declaraciones a los medios durante una jornada sobre financiación local en Santa Perptua de Mogoda (Barcelona), Navarro añadió que los socialistas catalanes no están «por la guerra de símbolos o banderas, sino por hacer políticas útiles para las personas». Sobre la decisión del Govern de llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) el Consejo de Transición Nacional, ha indicado que aunque el PSC está en contra de la creación del consejo, el Gobierno central debería "usar los tribunales para solucionar problemas reales de la gente, en vez de para alimentar la confrontación".
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