El PP municipal denuncia las ocupaciones ilegales de pisos

Alberto Fernández acusa a la alcaldesa Colau y al president Puigdemont de ser permisivos.

El presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández, criticó ayer las ocupaciones ilegales que se han producido en pisos de Institut Català del Sòl (Incasòl), propiedad de la Generalitat, durante más de tres años en Barcelona.

Fernández dijo en un comunicado que en mayo de este año había pisos que acumulaban más de 1.000 días de ocupación ilegal, lo que supone un incremento del 30 por ciento de pisos ilegales ocupados respecto a finales del año 2016.

El presidente popular acusó de tener una actitud permisiva con la problemática a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y al president de la Generalitat, Carles Puidemont, que creó un «efecto llamada de las ocupaciones irregulares».

Dos inmuebles

En concreto, Fernández se refiere a dos inmuebles situados en los distritos de Nou Barris y Sants–Montjuïc situados en las calles Via Favència y Química, respectivamente, que acumulan más de 1.000 días ocupados ilegalmente.

El pasado 5 de julio el registro del Parlament respondió a una petición del edil popular en la que requería información sobre el número de viviendas públicas ocupadas en la ciudad de Barcelona, que asciende a un total de 22.

La teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, aseguró recientemente que Airbnb se comprometió a retirar en un plazo máximo de un mes los 1.036 pisos turísticos ilegales con órdenes de cese que le exigió la pasada semana el Ayuntamiento.

«El punto de inflexión que se ha producido se concreta con algo tangible», destacó Sanz, junto al concejal Agustí Colom, y dijo que ahora «hay una voluntad que hasta ahora no había existido por parte de Airbnb, que es la de cumplir la ley».

Destacó que el siguiente paso será que la plataforma desarrolle un software para que sea obligatorio introducir el número de licencia del piso para asegurar que es legal antes de que se publicite, algo que se deberá complementar con un «mecanismo ágil» mediante el que el Ayuntamiento compruebe estos números y, en caso de que sean incorrectos, lo comunique a la plataforma y ésta lo retire.

Por su parte, Colom quiso detallar que prevén reanudar en septiembre las conversaciones con Airbnb y el resto de grandes plataformas sobre este asunto, y la teniente de alcalde defendió que el software debería estar listo entre otoño e invierno del próximo año.