El PP propone modificar la Ley de Educación en favor del bilingüismo

Las acciones del Partido Popular para denunciar la exclusión del castellano de la educación catalana vienen de lejos. Hemos visto incluso a su presidenta, Alicia Sánchez-Camacho, entregando a la conselleria de Enseñanza un escrito en el que pedía una educación bilingüe para su hijo Manuel. A las manifestaciones en apoyo a los padres que han denunciado ante la Justicia la exclusión del castellano y los recursos contra la imposición del catalán, ahora hay que sumar una nueva iniciativa.

EPP apuesta por dar un paso en el Parlament que, si bien es difícil que prospere ya que en este tema van de la mano CiU, ERC, ICV y PSC, deja constancia de que la actual situación oprime al castellano. La formación ha registrado, con fecha del 12 de marzo, una proposición para modificar la Ley de Educación de Cataluña (LEC) para que se garantice que el castellano y catalán sean vehiculares en las escuelas catalanas.

En proporción

Apelando a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, así como a las distintas sentencias del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, propone modificar diversos artículos relacionados con el régimen lingüístico en los centros docentes, las competencias en lengua del profesorado y la lengua utilizada en la administración pública. También propone derogar algunos apartados, según la proposición a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los populares consideran que el actual sistema «excluye al castellano como lengua docente y de uso normal en cualquier actividad educativa», al relegarla sólo a la asignatura de Lengua y Literatura Castellana y sin incluirlo en las comunicaciones internas y externas. Por eso, propone que Enseñanza determine la «proporción de la presencia vehicular de cada lengua» garantizando que cada una tenga un mínimo de una tercera parte de los contenidos curriculares lectivos. También apuesta por «aumentar de manera adecuada y proporcinada» el peso docente de la lengua de menor normalización en función de la zona, y que la Generalitat revise el modelo cada tres años para ajustarlo a la realidad.

El PP considera que es una urgencia puesto que la Generalitat ha recibido «el mandato expreso» a través de distintas sentencias. Los populares ya presentaron una proposición de ley para modificar la norma en mayo de 2012, pero no llegó a debatirse debido al anticipo electoral.