El TSJC cita a dos testigos para saber si se usaron datos personales el 9–N

A petición de la Fiscalía, el tribunal quiere aclarar si el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat proporcionó las plataformas informáticas para celebrar el simulacro de consulta y también si se utilizaron ficheros individuales

Sigue adelante la causa abierta por la Justicia respecto a la pseudo consulta independentista del 9 de noviembre del año pasado, por la que están imputados el president de la Generalitat en funciones, Artur Mas, la ex vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la actual consellera de Educación, Irene Rigau. Se han llamado a declarar a numerosos testigos por este proceso, la mayoría de ellos para descifrar el coste económico y el uso de datos personales durante ese día.

En un nuevo paso, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) citó ayer a declarar a más testigos, concretamente a dos técnicos de T–Systems, empresa contratada por la Generalitat para el 9–N, para aclarar si se usaron datos personales de bases de titularidad pública para el registro de la consulta, en contra de lo sostenido hasta ahora por el Govern.

El magistrado, que es el mismo que investiga a Mas, por seguir adelante con el 9-N, pese a la suspensión del Tribunal Constitucional (TC), citó para el próximo 21 de enero al coordinador de los trabajos desarrollados por T–Systems para la Generalitat y al redactor de análisis de la base de datos que sirvió para registrar quién votaba.

Datos personales

El TSJC ordenó estas dos nuevas testificales a petición de la Fiscalía, que a raíz de la documentación aportada por T–Systems, ve indicios de que la aplicación que esta compañía creó e instaló en los portátiles utilizados en las mesas de votación del 9–N incluía el tratamiento de datos personales del proyecto «Invictus», elaborado a partir del registro de asegurados del Servicio Catalán de la Salud y del Registro de Población de Cataluña.

Entre la documentación aportada al TSJC figura una carta que el director gerente de T–Systems remitió al director gerente del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Ctti), Jordi Escalé, para saber si su encargo se había visto afectado por la suspensión del 9–N acordada por el TC, a lo que éste respondió que los servicios jurídicos de la Generalitat habían acreditado que «ninguna de las actividades» del encargo resultaban «explícitamente afectadas» por la resolución.

Según detalló por escrito T–Systems al TSJC, el encargo de la Generalitat para el 9–N consistía en crear una web para que los voluntarios –funcionarios y no funcionarios– pudieran registrarse como tales, crear la web de la consulta y desarrollar una aplicación en los ordenadores utilizados en la votación para registrar quien votaba –y comprobar que votaba en la mesa que le correspondía– y para hacer el recuento de votos y extraer el resultado agregado de cada mesa.

Estos dos encargos se incardinaron, según T–Systems, en un marco contractual preexistente entre el Ctti y la propia compañía, que en total facturó a la administración catalana 132.254 euros por sus trabajos relacionados con la consulta soberanista.

El fiscal centra ahora sus investigaciones en el aplicativo informático BDC–2500, que ya había desarrollado T–Systems con anterioridad por encargo de la Generalitat y que sirvió de base para elaborar el sistema informático para la consulta del 9–N.

Este proyecto podría estar impulsado desde el departamento de Presidencia, y preveía la creación de dos bases de datos de ciudadanos, una que inicialmente se cargaría con datos extraídos del registro central de asegurados del Servicio Catalán de la Salud y otra que tendría como base el registro de la Población de Cataluña. Tras analizar esta información, los fiscales del caso, solicitaron al TSJC que citara como testigos al responsable coordinador de los trabajos desarrollados por T–Systemsy a un empleado del proyecto «Invictus».