El TSJC fija un 25% de clasesen castellano si un niño lo pide

Ocho años dura ya la batalla por el castellano en los colegios catalanes que se libra en los tribunales. Pero ahora, coincidiendo con un momento de extrema tensión política entre los gobiernos de Mariano Rajoy y Artur Mas, fruto del proceso soberanista, llega una sentencia que supone un duro revés para la Ley de Educación de Cataluña (LEC). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó ayer que cuando un alumno lo solicite, en su clase, se imparta el 25 por ciento de las horas lectivas en castellano. Esto es, como mínimo, lengua y literatura castellana y una asignatura troncal.

La resolución responde a la petición de cinco familias para que sus hijos puedan recibir educación en castellano. Los jueces señalan que el catalán debe ser considerado como el «centro de gravedad» del sistema educativo, pero ordenan una presencia mínima del castellano como lengua vehicular en un 25 por ciento de las horas lectivas.

Es la primera vez que un tribunal fija un tanto por ciento de horas lectivas en castellano. «¿Por qué un 25 por ciento?», se preguntaba ayer la consellera de Enseñanza, Irene Rigau. Aunque le gustaría equivocarse, sospecha que se pretende imponer a Cataluña, a través de los tribunales, el modelo que el Gobierno ha implantado en las Islas Baleares o la Comunidad Valenciana.

Rigau, que confirmó que la Generalitat recurrirá la decisión judicial, alegó que la ley defiende que los porcentajes deberían implantarse dependiendo de la realidad de cada centro. Pero el TSJC ha impuesto un único porcentaje en escuelas con realidades diferentes. Los cinco colegios que deberán adoptar la decisión judicial son las Escuelas Pías de Sarrià y Mare de Déu del Roser, en Barcelona; Sant Bonaventura Franciscans de Vilanova i la Geltrú; Alba Vallès, de Sant Fost de Campsentelles, y las Escuelas Pías Sant Josep de Calassanç, de Sabadell, todas en la provincia de Barcelona. Son los colegios donde van los ocho alumnos, hijos de las cinco familias que acudieron a los tribunales. Aunque para el curso actual, 2013-2104, en total 24 familias de 600.000 pidieron la escolarización en castellano.

Tras acusar al TSJC de «extralimitarse» con sus funciones, pues como tribunal «tiene la función de hacer cumplir las leyes, no cambiarlas», Rigau exclamó que es una situación «soprendente» e «incomprensible» que ocho alumnos puedan cambiar un modelo educativo.

La consellera avanzó que el lunes se reunirá con las cinco escuelas a las que «se obliga a incumplir la LEC», para ver como acatan la resolución. El TSJC les ha dado un mes para adoptar la medida. Los autos no se dirigen a la Generalitat, sino a los directores de las cinco escuelas afectadas, a quienes se les ordena que adopten «las disposiciones pedagógicas oportunas para la efectiva ejecución de su resolución», en el plazo máximo de un mes.

El dilema

El dilema que se plantea la consellera es cómo se aplica esta orden, porque tanto la LEC como el Estatut dicen que no se puede separar a los alumnos por razón de lengua. Por lo tanto, si en una clase se implanta el 25 por ciento de horas lectivas en castellano, debería extenderse también al resto de clases del mismo curso (A, B y C).

De hecho, la decisión judicial contradice uno de los argumentos del gobierno catalán en defensa de la inmersión lingüística: que los alumnos que lo soliciten sean atendidos individualmente por el profesor en castellano. El TSJC concluye que conlleva la discriminación igual que la separación en grupos por razón de la lengua. Además, en los cinco casos recurridos, el TSJC no detectó «una proporción razonable» del uso del castellano en clase. Se requirió a la Generalitat que lo solventara. No lo hizo y la respuesta es esta nueva decisión judicial.

La batalla

Julio de 2008

La Generalitat niega a tres familias que se ofrezca las mismas horas de castellano y catalán a sus hijos en el colegio. Las tres familias van a los tribunales.

Diciembre 2008

La sección quinta del TSJC desestima el recurso, pero las tres familias recurren la decisión al Tribunal Supremo. El conseller es Ernest Maragall.

Julio 2010

La sentencia del Estatut lo cambia todo. Considera al castellano, junto al catalán, lengua vehicular en Cataluña. El Supremo acepta el recurso. Insta al Govern a tomar medidas.

En 2011

Empieza una guerra en los tribunales entre las familias que quieren una educación en castellano para sus hijos y la Generalitat con la consellera Irene Rigau.

Enero de 2014

Después de dos años de resoluciones y recursos, el TSJC ordena que el 25 por ciento de las clases se impartan en castellano si un alumno lo pide, la Generalitat recurrirá.