La Generalitat cuelga una nueva pancarta en el balcón: “Libertad de opinión y de expresión”

El cantautor Lluís Llach y el periodista Antonio Baños, entre otros, cuelgan en la fachada de la Generalitat nuevas proclamas

Quim Torra ha vuelto a usar la pancarta que cuelga del balcón de la Generalitat a favor de los políticos presos para desafiar al Estado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha visto obligado hoy a ordenar a los Mossos d’Esquadra que retiraran la pancarta tras la reiteradas negativas del presidente de la Generalitat. Tras esa orden, al final, han sido los propios empleados del Palau de la Generalitat quienes han aparecido en el balcón poco más tarde las 15 horas para retirar la pancarta.

Pero la escenificación de Torra estaba lejos de concluir ahí. Poco más tarde, en torno a las 18 horas, los ex diputados en el Parlament, Lluís Llach y Antonio Baños, junto a la actriz Sílvia Bel y la filóloga Maria Teresa Casals, han colgado una nueva pancarta con el lema ‘Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos’.

Tras ello, el presidente de la Generalitat, ha agradecido a través de Twitter la acción. “Agradezco a Antonio Baños, Lluís Llach, Sílvia Bel y Teresa Casals que se hayan ofrecido a colgar la pancarta y su compromiso con la libertad de expresión”, ha escrito.

El nuevo culebrón en torno a la pancarta empezó el 19 de septiembre, cuando el TSJC reclamó que Torra de la Generalitat como medida cautelar reclamada por la plataforma constitucionalista Impulso Ciudadano. Torra, lejos de acatar la orden, se ha resistido hasta el último momento. Ya ayer superó el primer plazo que el alto tribunal catalán le había dado para quitarla sin cumplir, aunque lo hizo tras un recurso de reposición. El TSJC lo rechazó al considerar que las medidas cautelares son de “inmediato cumplimiento” y al concurrir también motivos electorales: en este sentido, al estar ya convocadas las elecciones para el 10-N, los magistrados se acogen a las resoluciones de la Junta Electoral Central (JEC) emitidas durante el anterior periodo electoral y que el presidente de la Generalitat desobedeció.

Ello le ha costado un juicio el próximo 18 de noviembre. La Fiscalía ha pedido 20 meses de inhabilitación por un presunto delito de desobediencia.