El TSJC tumba la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat

Poco se imaginaban los consellers de Economía, Andreu Mas-Colell, y Territorio, Santi Vila, que una comparecencia para explicar la privatización de la compañía Aguas Ter-Llobregat haría saltar las alarmas de las maltrechas cuentas de la administración catalana. Mientras los consellers defendían las bondades de la polémica privatización, «se hizo con concurrencia, publicidad y transparencia», aseguró Mas-Colell, el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) fallaba a favor de Agbar y anulaba la adjudicación de ATLL a Acciona, a la sazón, la mayor privatización emprendida nunca en Cataluña.

Desde buen comienzo, la privatización de la compañía de aguas estuvo rodeada de polémica. La Generalitat dio por cerrado el concurso y adjudicó ATLL a Acciona. Sin embargo, un organismo dependiente de la Generalitat, el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (Oarcc), la adjudicación al considerar que su oferta no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso. Tanto la Generalitat como la empresa concesionaria hicieron caso omiso de las consideraciones del Oarcc confiando en un fallo faborable del tribunal catalán. No obstante, el TSJC confirmaba la obligación de ejecutar, hasta que se resuelva el litigio, la resolución del Oarcc, una decisión que genera un conflicto al Govern, que había cobrado de Acciona 298 millones y que usó esta operación para recortar su déficit en 2012.

El runrún, por lo tanto, se adueño de la comparecencia parlamentaria y Twitter se convirtió en un hervidero de comentarios de los diputados presentes sobre la gestión de la Generalitat. A la salida, Vila subrayó que tienen 10 días (cinco días hábiles), el plazo que el TSJC ha dado para deshacer el enredo, para reunirse con el gabinete jurídico de la Generalitat y presentar un recurso. «Estudiaremos la posición que ha expresado el TSJC, con el único objetivo de garantizar la prestación de este servicio, porque estamos convencidos de que hay que mantenerlo», dijo Vila. «Nuestro norte será mantener la continuidad y el buen servicio con independencia de la superestructura, y primar los intereses de los consumidores y los trabajadores, que serán lo primordial a la hora de decidir entre las diferentes acciones jurídicas», añadió el conseller de Economía.

Gestión desde el 1 de enero

La empresa que preside José Manuel Entrecanales, por lo tanto, seguirá gestionando ATLL durante este periodo ya que el TSJC, además de desestimar los recursos de la Generalitat y Acciona, también desestimó la petición de Agbar de impedir a Acciona que «tomara posesión» de las instalaciones y empezar a gestionar el servicio. Como Acciona, que recurrirá el auto ante el Tribunal Supremo, lleva gestionando la compañía desde el pasado 1 de enero, el TSJC entiende que esta medida cautelar ha quedado ya desfasada.

Los grupos de la oposición no tardaron en reaccionar y las críticas llegaron incluso desde los propios socios de gobierno de CiU. El diputado Marc Sanglas (ERC) lamentó el «lío jurídico» montado en torno a la ATLL e instó al Govern a comprometerse para recuperar la gestión pública de esta empresa en cuanto sea posible. En la misma línea se pronunciaron PSC, ICV-EUiA y Ciutadans,pero, además, exigieron «responsabilidades políticas» en el seno del Govern por las formas en que se ha llevado el proceso de privatización.

Por parte del PP, el diputado Santi Rodríguez no cuestionó la conveniencia de ceder la gestión de ATLL a una empresa privada, pero sí se mostró crítico con la forma como la Generalitat ha llevado todo el proceso.