Imputado un ex teniente de alcalde por malversar en el hospital Sant Pau

El ex teniente de alcalde, Xavier Casas
El ex teniente de alcalde, Xavier Casas

La investigación por supuestas irregularidades en las obras del hospital de Sant Pau dejó ayer a nueve imputados entre los que destacan el ex primer teniente de alcalde de Barcelona, Xavier Casas, y el ex director del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat. El juez les ha citado a declarar para aclarar si cometieron los delitos de prevaricación y malversación de fondos. En el mismo auto el juez imputa a otras seis personas, entre ellas dos que ya han fallecido: el ex consejero de Sanidad Josep Laporte Salas, que murió en 2005, y Malaquías Zayas, presbítero del arzobispado de Barcelona, que murió año 2011.

El magistrado basa su decisión en una petición planteada por la Fiscalía, que acusa de malversación de caudales públicos y malversación a los nueve imputados, y a un informe de la Sindicatura de Cuentas, que desveló supuestas irregularidades en la contratación de las mencionadas obras de reforma del Sant Pau, ejecutadas en cuatro fases entre octubre del año 2000 y mayo de 2006.

Según el informe de la Sindicatura, que el juez recoge en el auto de imputación, el coste final de la facturación de las cuatro fases se elevó a 217 millones de euros, con un desvío de 38,5 millones, ya que el volumen total contratado fue de 178,5 millones justificado por obras adicionales, intereses, retrasos y otros conceptos. El informe de la Sindicatura también reveló la adjudicación a dedo de algunas obras y servicios por importes de 14 millones, 16 millones y 75 millones de euros, respectivamente. El auto también pone en entredicho otras obras de rehabilitación adjudicadas sin concurso por un importe superior a los 600.000 euros. El juez, precisamente, también ha citado, para el próximo 4 de julio, al autor del informe de la Sindicatura de Cuentas, que comparecerá como perito. A su juicio, muchos de los contratos complementarios «no incluyen el informe justificativo de la necesidad y se adjudican al mismo adjudicatario de la obra principal».

En la práctica, el magistrado imputa a casi todos los gestores y políticos que intervinieron en la construcción entre 2001 y 2009 del nuevo edificio del centro sanitario. Lo que incluye al director gerente de la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Jordi Bachs; los ex gerentes del Hospital de Sant Pau Jordi Colomer y Josep Anton Grau –actual director de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM)–; y los religiosos Joan E.Jarque y Josep Anton Arenas.

Según el auto, la contratación sucesiva de las obras del nuevo hospital «en un espacio prolongado de tiempo», con la intervención de «numerosas personas», exige ahora conocer de primera mano cuál fue la metodología de la contratación, quién la dirigió y quién la ejecutó.

«Nuestro derecho procesal no cuenta con la figura del denominado testigo asistido, en la medida en que el hecho investigado pudiera ser incriminable en un supuesto de prevaricación y malversación», recuerda el magistrado, que justifica la imputación porque es la figura que «garantiza los derechos de defensa» en la investigación.

El exdirector del Instituto Catalán de la Salud también está imputado en el «caso Innova» por estafa y malversación de fondos en el holding municipal de Reus (Tarragona).

La gran investigación judicial sobre la gestión del hospital de Sant Pau arrancó hace poco más de un año tras la querella presentada contra la cúpula del hospital por sindicatos y trabajadores del centro sanitario.

El juez que investiga estas supuestas irregularidades ha desgajado la investigación en tres piezas separadas. La primera, el auto de ayer, investiga el sobrecoste y las adjudicaciones irregulares en la construcción del nuevo edifico del hospital. La segunda indaga los contratos irregulares a personas como el ex gerente adjunto del hospital Ricard Gutiérrez Martí, que estuvo siete años cobrando pese a no trabajar en el centro. Una tercera línea se hace cargo de la estructura del hospital que, al estar dividida en tres fundaciones, trata de esclarecer si perjudica a pacientes y trabajadores.