La alcaldesa de la CUP de Berga prioriza el apoyo popular a la ley

Venturós afronta 6 meses de inhabilitación por colgar la «estelada» antes de 2 elecciones.

El juicio a la alcaldesa de Berga, Montse Venturós, de la CUP, empezó ayer y en el mismo día quedó visto para sentencia. Afronta seis meses de inhabilitación por no retirar la «estelada» de la fachada del Consistorio durante dos campañas electorales.

Al salir de la vista, Venturós, anunció, en la misma línea de los últimos años en las filas independentistas, que se «trata de un juicio político», a lo que añadió, en referencia al apoyo de su municipio, que la «legitimidad popular» está por encima de la legalidad.

Desobediencia

Aparte de los citados seis meses de inhabilitación, la alcaldesa afronta también inhabilitación y una multa de 540 euros por un delito de desobediencia, al desoír la orden de la Junta Electoral para retirar la bandera independentista. Ocurrió en las elecciones autonómicas del 27–S y y en las generales del 20–D de 2015.

En el juicio, la alcaldesa, que en noviembre de 2016 llegó a ser detenida por los Mossos d’Esquadra al plantar en dos ocasiones al juez de instrucción que la investigaba por desobediencia, respondió tanto a la juez como al fiscal, ante los que insistió en en que prevalezca la «legitimidad popular».

Al finalizar el juicio, Venturós destacó que está siguiendo una «estrategia de deslegitimación del Tribunal», pues considera que este procedimiento «ya tiene culpable de entrada», y que se trata de «un juicio estrictamente político». Su abogado, el ex diputado de la CUP Benet Salellas, afirmó que «este proceso es un instrumento político al servicio de una ideología concreta», e incluso aseveró que «ni la Justicia está actuando por este trozo de tela (en referencia a la 'estelada'), ni nosotros hemos venido a defendernos por eso».

La acusada reiteró su intención de mantenerse en el cargo aún en el caso de que finalmente resulte inhabilitada, pues manifestó que «entendemos que partimos de un principio, que es el de la legitimidad popular, que está por encima de una legalidad establecida que pasa por encima y desposee de forma sobrada al pueblo». Venturós ya adelantó que sí se presentaría esta vez en los juzgados, a diferencia de lo que hizo durante la fase de instrucción.

En un primer momento, el juzgado acordó el archivo de la causa pero un recurso presentado por el Ministerio Fiscal llevó a la Audiencia de Barcelona a reabrir el caso, por lo que finalmente ayer fue juzgada.

El diputado de la CUP Vidal Aragonès, que acudió a Manresa a apoyar a Venturós, indicó que este juicio «un nuevo capítulo de lo que es la represión contra el pueblo de Cataluña». «Defendemos aquello que nuestro pueblo trasladó como un mandato de representación democrática», añadió, al recordar que la «estelada» cuelga de la fachada por un acuerdo del pleno municipal, que cuenta con quince concejales independentistas de los 17 que hay en total.

Criticó a la Fiscalía por hacer «apología a la indiferencia» al no haber «perseguido las cargas policiales» del referéndum ilegal del 1–O y, en cambio, acusar a Venturós en este «juicio político». Salellas señaló que la CUP «no ha venido a las instituciones para entenderlas como neutrales», sino que «hay una voluntad de cumplir los acuerdos del pleno y de estar comprometidos con los derechos de las personas».