La desobediencia gana terreno con la connivencia del Govern

Montse Venturós, la alcaldesa de la CUP de Berga, estaba ayer citada para declarar ante los juzgados de su municipio por no haber retirado la bandera «estelada» de la fachada municipal durante las últimas elecciones catalanas y durante las últimas generales. Pero la dirigente de la CUP ignoró la citación y se limitó a acudir a las puertas de los juzgados para manifestar ante los medios su rebeldía. «Desobedeceré, sin miedo, para obedecer el mandato del pueblo y no el de los tribunales españolistas», dijo.

Pocas horas después, al Govern de Junts pel Sí se le preguntó su opinión sobre esta actitud y la portavoz, Neus Munté, en una declaración muy calculada, se alineó con la alcaldesa sin explicitar su apoyo a la desobediencia. «El Govern está al lado de los electos catalanes en el ejercicio de su libertad de expresión», comenzó Munté. Y continuó: «No estamos de acuerdo con que haya una persecución y una criminalización de determinadaas acciones que son del todo democráticas y legímitas».

La desobediencia como herramienta política está trayendo notables quebraderos de cabeza a los dirigentes de CDC y ERC, particularmente en el Parlament. Pero lo cierto es que esta práctica política, con la que nunca se ha identificado Convergència, está ganando terreno. «No entramos a valorar la decisión (de la alcaldesa de la CUP), que respetamos en relación a comparecer o no hacerlo», dijo la portavoz desde el Palau de la Generalitat.

En paralelo, los grupos de Junts pel Sí y la CUP alcanzaban un principio de acuerdo para no dividirse en la votación de una moción de la formación anticapitalista que insta a ratificar la declaración rupturista del 9-N. Finalmente, el texto evitará una mención explícita a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC), si bien se «reiteran los objetivos» de la declaración –suspendida por el Alto Tribunal– y que, entre otras cosas, emplazaba a no atender sus decisiones al entender que no tenía competencia.

Después de que la Mesa del Parlament desestimara ayer las peticiones de reconsideración presentadas por C’s, PSC y PP contra la admisión a trámite de la moción de la CUP en la que se ratificaba las resolución del 9N y se abogaba por desobedecer al TC, los dos grupos independentistas lograron transaccionar un texto común, que se votará mañana en el Parlament.

«El Parlament, dado el mandato democrático surgido de las urnas el 27S y ante las actuaciones del Estado, a través de TC, Audiencia Nacional y Fiscalía, de judicialización y persecución de los actos consecuentes con este mandato democrático, ratifica su firme voluntad de seguir llevando a cabo las actuaciones previstas y aprobadas por este Parlament para alcanzar y culminar democráticamente la independencia, y por todo esto, el Parlament reitera los objetivos contenidos en la declaración del 9N», dice el texto.

El PP reclama los papeles del Diplocat

El PP quiere que el Govern arroje luz sobre la función que realiza la consultura Diplocat, contratada por la Generalitat para explicar el proceso soberanita catalán en el contexto internacional. La semana pasada los populares consiguieron la aprobación de su propuesta, que exigía una mayor transparencia en el funcionamiento de este «lobby», que según los populares costó más de un millón de euros en 2014. Ayer, el portavoz del PP en el Parlament, Enric Millo, volvó a reclamar los informes relativos a esta asesoría y advirtió de que no ser así «llegará hasta el final». Millo explicó que ya ha enviado una carta al conseller de Exterior, Raül Romeva, para acceder a estos papeles y no descartó presentarse personalmente en la consellería para reclamarlos en el caso de que no se los hagan llegar.