La «operación deshielo» se envenena en plena irrupción del «otoño caliente»

La «operación deshielo» de Pedro Sánchez con la Generalitat se va asomando poco a poco a su límite. El talante y los guiños del presidente del Gobierno han dejado ya de complacer al independentismo, que ha empezado a endurecer sus posiciones en plena irrupción del «otoño caliente» y justo cuando la legislatura estatal se acerca a una fase decisiva con la aprobación de los presupuestos en el horizonte más inmediato.

La «operación deshielo» de Pedro Sánchez con la Generalitat se va asomando poco a poco a su límite. El talante y los guiños del presidente del Gobierno han dejado ya de complacer al independentismo, que ha empezado a endurecer sus posiciones en plena irrupción del «otoño caliente» y justo cuando la legislatura estatal se acerca a una fase decisiva con la aprobación de los presupuestos en el horizonte más inmediato. Tanto el Govern como ERC y el PDeCat han intensificado durante los últimos días sus presiones al ejecutivo español con la causa judicial que afecta a los dirigentes secesionistas, algo que se ha convertido en una importante fuente de fricciones y amenaza con resquebrajar los puentes de diálogo.

En este sentido, a cuenta del proceso judicial, ayer se enzarzaron la ministra Meritxell Batet y el conseller de Exteriores, Ernest Maragall. Maragall, en una entrevista en Onda Cero, desveló que Batet se había comprometido en la Comisión Bilateral del 1 de agosto a «dar instrucciones a la Fiscalía» para rebajar las acusaciones contra los encausados, algo que desmintió rápidamente la ministra de Política Territorial. Batet exigió al conseller una rectificación en sus palabras, que tachó de «absolutamente falsas», y subrayó el «respeto» a la Fiscalía General del Estado.

Tras esta reacción de la ministra, Maragall matizó a través de las redes sociales sus afirmaciones y aseguró que Batet había rechazado que el Gobierno pudiera dar instrucciones concretas a un fiscal concreto, pero sostuvo que en la Comisión Bilateral «quedó claro: el Gobierno tiene la responsabilidad de definir criterios sobre la política criminal más adecuada en cada periodo». «Estos criterios se trasladan a la Fiscalía General para ser aplicados en todos sus escalones jerárquicos. Nada más y nada menos», agregó.

En cualquier caso, el independentismo está destinando ahora todos los esfuerzos a presionar al ejecutivo español para liberar a los políticos procesados. Así se pudo comprobar también el miércoles en la sesión al control al Gobierno, donde el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, exigió a Sánchez que inste a la Fiscalía a retirar la acusación de rebelión si pretendía contar con el respaldo de los republicanos para aprobar los presupuestos, de lo que depende la supervivencia del gobierno socialista. En la misma línea, se expresó ayer el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, quien en una entrevista en Rac1 juzgó que el diálogo de Sánchez se «queda sin crédito» si no rectifica «las acusaciones falsas» que pesan sobre los dirigentes separatistas. Ya por la tarde, en la movilización para rememorar el 20-S, equiparó al PSOE y Vox por «sentar en el banco de los acusados» a los líderes independentistas.

A estas presiones por los «presos y exiliados», se suma los recelos que hay en el independentismo para dar un paso ostensible en el diálogo con el Estado, como se pudo comprobar la semana pasada con la moción fallida impulsada por el PdeCat y el PSOE para dialogar con respeto a la Ley, y la intensificación de las actividades de la sociedad civil separatista en los últimos días para apretar las tuercas a los dirigentes políticos con el despliegue de la República. En este caso, la ANC o la CUP ya han activado a sus bases para debatir cómo presionar al Govern para que materialice la ruptura con el Estado.