La oposición pide que la seguridad esté en manos distintas a las de Colau

Había gran expectación por ver cómo se iba a posicionar la alcaldesa, Ada Colau, en el conflicto que se vive desde el lunes en Gràcia entre los okupas del recién desalojado Banc Expropiat y los Mossos. Minutos antes del pleno que el Ayuntamiento celebró ayer, también se esperaba con curiosidad la llegada de Xavier Trias, protagonista inesperado en este asunto, cuando el jueves la Fiscalía le abrió una investigación para determinar si cometió malversación de fondos al pagar el alquiler a los okupas del Banc Expropiat durante su mandato.

Sin embargo, fue el concejal de la CUP Josep Garganté el que acaparó todas las miradas a su llegada al Saló de la Reina Regent. Siguiendo la estela de las habituales «performances» cuperas, esta vez Garganté apareció con una camiseta con el rostro de Colau dibujado en blanco y negro coronado por las famoras orejas de Mickey Mouse. Y debajo, las siglas de Ada Colau Alcaldesa de Barcelona, ACAB. Una manera irónica de protestar por la gestión de la primera edil en los disturbios de Gràcia, puesto que las siglas ACAB se utilizan desde 1977 para decir «All Cops Are Bastards» (todos los policías son unos bastardos).

Con este caldo de cultivo inició Colau la sesión. Lo hizo con una declaración institucional por los altercados de estos días, en la que condenó toda forma de violencia pero con un matiz que terminó por enfadar a a oposición: «Pedimos proporcionalidad en la actuación policial tal y como hicieron las entidades de vecinos», dijo para a continuació dar la palabra a los grupos. CiU, C’S y el PP aferaron a la alcaldesa que no dé su apoyo explícito a los Mossos y la CUP, con una postura diametralmente opuesta, pidió a la alcaldesa que condene la brutalidad de sus agentes.

El pleno debatió acto seguido el Plan Director de la Guardia Urbana. La alcaldesa tomó la palabra para explicar que lo que se pretende es actualizar el cuerpo para «hacerlo más visible, transparente y cercano a la gente», con un plan que todavía está en construcción, a la espera de aportaciones de los sindicatos de la Urbana y demás actores sociales. La oposición expresó sus dudas sobre la viabilidad de este decreto teniendo en cuenta que las relaciones entre la Guardia Urbana y el Ayuntamiento están rotas, después de que el teniente de alcalde Jaume Asens presionara a la abogada del cuerpo policial para que no pidiera prisión para el mantero que golpeó a un agente.

Por ello, demandaron a Colau (excepto la CUP y PSC , ahora socio de gobierno) que se autocese como responsable máxima de seguridad y nombre a un concejal que asuma esta cartera. BComú se negó en rotundo y adelantó que no hará cambios de ningún tipo en el organigrama.