La propuesta fiscal de Colau se limita a congelar el IBI y a crear nuevas tasas

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está ante su primer examen de política práctica. Tras los grandes anuncios y las polémicas veraniegas, el gobierno municipal, con sus escasos once concejales, tiene que sentarse a negociar las ordenanzas fiscales (las tasas municipales para el año próximo) con el resto de formaciones. Mucho se había especulado con las oscuras intenciones del Ayuntamiento y la posibilidad de aplicar un «catastrazo» que dejase tiritando a buena parte de los barceloneses. Nada más lejos de la realidad. El equipo de Colau, consciente de su debilidad negociadora, ha presentado unas ordenanzas fiscales de marcado carácter social pero nada rupturistas. El gobierno municipal quiere congelar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y aumentar las bonificaciones a determinados colectivos financiándolo con tasas de nueva creación.

«Los barceloneses verán por primera vez en los últimos 25 años que el recibo del IBI no sube ni un céntimo» respecto al de 2015. Así presentó el teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, la propuesta de ordenanzas fiscales del Ayuntamiento, con el objetivo, prosiguió, de aumentar las bonificaciones del IBI para «familias numerosas o que tienen hijos en situación de discapacidad». Al tratarse de una ley estatal, explicó el regidor, el Ayuntamiento no tiene la capacidad aplicar las bonificaciones a los colectivos que la normativa no contempla, como viudas o familias monoparentales. El gobierno municipal, por lo tanto, bordeará la normativa aplicando subvenciones en lugar de bonificaciones. El primer teniente de alcalde destacó también que se amplía el número de familias numerosas o que tienen hijos en situación de discapacidad que pueden acceder a bonificaciones en este impuesto, un incremento que ha estimado que costará al ayuntamiento unos 200.000 euros.

Las tasas

Para financiar las nuevas bonificaciones, el Ayuntamiento ha ideado una serie de nuevas tasas. El gobierno de Colau apuesta por mantener el precio de la zona azul pero aumentando el precio para anular la denuncia de seis a siete euros. La grúa, pese a que mantiene su precio, es el servicio que más novedades impositivas presenta. El Ayuntamiento crea una tasa para los ciudadanos que dejan el vehículo en el depósito municipal más tiempo de la cuenta. En estos casos, al cabo de quince días, el coche acababa en un depósito de Castellbisbal sin ningún cargo para el propietario. A partir del año que viene tendrá que pagar. También proponen una nueva tasa para «desenganchar» el coche de la grúa. Es decir, para aquellos casos en los que el ciudadano aparece justo en el momento en que la grúa se dispone a llevarse el vehículo y todo queda en manos de la buena voluntad del funcionario de turno. El conductor podrá «desenganchar» su coche a cambio de abonar la mitad de la tasa del servicio (73,85 euros).

También se incorpora un nueva tasa para la reserva de ocupación de vía pública, en el caso de empresas que quieran grabar anuncios o películas en las calles de la ciudad. Hasta ahora, las productoras hacían reservas de toda una semana de ocupación y pagaban solo por los días efectivos de rodaje. De ahora en adelante, por lo tanto, se pagará por la semana entera.