Los acusados del «caso Pallerols» buscan un pacto para evitar la cárcel

Durante toda la tarde de ayer, los abogados de los ex cargos de Unió Democràtica de Cataluña (UDC) implicados en el «caso Pallerols» negociaron con la Fiscalía y las acusaciones unas penas de cárcel menores a los dos años de prisión, con el objetivo de ingresar en la cárcel. Hoy está previsto que se llegue a un acuerdo, que implicaría rebajar las penas a cambio de que Unió pague una indemnización.

El macrojuicio por este caso debía iniciarse ayer, pero quedó aplazado a la espera de que se llegara al citado acuerdo. La vista oral debía iniciarse a las 10.30 horas, pero antes de ese momento todas las partes se reunieron para intentar evitar la celebración del juicio.

La Fiscalía pide penas de hasta once años de prisión por este caso, que es un entramado para el supuesto desvío de fondos públicos procedentes de cursos de formación subvencionados por la Unión Europea, y que implica a dos ex altos de la consejería de Trabajo de la Generalitat y a militantes de UDC.

Dinero desviado

La Fiscalía reclama 200.000 euros al partido, como partícipe a título lucrativo de la trama, dado que se considera que se quedó con parte del dinero desviado mediante el entramado liderado por el empresario Fidel Pallerols.

En las conclusiones provisionales, la Fiscalía pide también que los procesados indemnicen, conjunta y solidariamente, a la conselleria de Trabajo con 595.972,61 euros, cantidad que supuestamente habrían desviado de las subvenciones recibidas por Pallerols para la realización de cursos de formación. El fiscal considera que en la concertación de todos los acusados «jugó un papel decisivo» Vicenç Gavaldà, militante de UDC desde 1984, y que ocupó varios cargos en este partido, entre ellos el de secretario de organización y de relaciones institucionales entre los años 1992 y 1999, por lo que pide nueve años de prisión para él.

Otro de los procesados es el militante de UDC Santiago Vallvé, que fue condenado a algo más de un año de prisión por el «caso Turismo», vinculado al Consorcio de Turismo de Cataluña en el que se malversaron un millón de euros. La conjunción de intereses entre los procesados por el «caso Pallerols», mantiene el fiscal Fernando Rodríguez Rey, les llevó a idear una trama para desviar el 10 por ciento del importe anual de los fondos públicos que las empresas de Fidel Pallerols recibían de la conselleria de Trabajo, en concepto de subvenciones, explicaron fuentes judiciales.