Societat Civil Catalana denuncia en Europa el «golpe soberanista»

La entidad Societat Civil Catalana (SCC) presentó ayer en el Parlamento Europeo un tercer informe sobre lo que denuncian como «déficits democráticos» en Cataluña en los últimos tiempos. El estudio se centra en esta ocasión, sobre todo, en lo ocurrido desde septiembre.

La entidad Societat Civil Catalana (SCC) presentó ayer en el Parlamento Europeo un tercer informe sobre lo que denuncian como «déficits democráticos» en Cataluña en los últimos tiempos. El estudio se centra en esta ocasión, sobre todo, en lo ocurrido desde septiembre.

El informe se distribuye en cuatro apartados: Parlament, gobierno autonómico, la calle y los centros de enseñanza. Como principales teorías, la vocal de la directiva de SCC, Isabel Fernández Alonso, subrayó que «el discurso separatista, al carecer de elementos propositivos, se centra en tratar de desacreditar con falacias al sistema democrático español, cuando, en realidad, la única amenaza sería que este ha sufrido ha sido la actuación profundamente irresponsable de los gobiernos nacionalistas catalanes».

En el apartado del Parlament, el ex presidente de SCC Rafael Arenas detalló lo que ocurrió en la cámara catalana. Concretamente, el informe se refiere a que en el 6 y 7 de septiembre,se concretó en el citado sitio una desobediencia frontal y explícita a la «legalidad vigente». Lo que pasó esos días es que se aprobaron dos leyes autonómicas que suponían la derogación en Cataluña del Estatut y de la Constitución, por lo que se incitó a la vía unilateral hacia una supuesta independencia.

La contradicción contra la Constitución y el estatut era manifiesta, por lo que, según el informe de SCC, se ignoraron los procedimientos recogidos en el derecho español, y también el internacional. Considera la entidad que la actuación de la mayoría secesionista supuso «la quiebra del orden constitucional».

Sigue el informe señalando que «se eliminó, con el voto de la mayoría nacionalista, el debate de totalidad en el Pleno, el paso de las proposiciones de ley por la correspondiente comisión, y la posibilidad de que los grupos parlamentarios requiriesen un informe al Consejo de Garantías Estatuarias (CGE).

Añade el informe que la actuación de la mayoría soberanista en el Parlament fue expresamente advertida por los letrados de la cámara, quienes indicaron que la tramitación de la ley del referéndum y la de Transitoriedad Jurídica vulneraba las prohibiciones formuladas en su día por el Tribunal Constitucional.

Siguiendo con las denuncias, SCC señala que del 6 al 7 de septiembre la Generalitat conovocó un referéndum ilegal para el 1 de octubre, sin tener en cuenta las anulaciones de las citadas leyes. No se obedeció nada de lo que dictó el Constitucional. A partir de ahí, se vulneraron datos personales y se celebró al final una suerte de pseudo consulta el 1–O.