2019, el año decisivo para el futuro de la AP-7

La concesión de la AP-7 acabará con el año 2019. Tras varios cambios de opinión, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido a dejar libre de peaje esta autopista que cruza de norte a sur la Comunitat. Además, esta liberalización irá acompañada de la construcción de los accesos necesarios para aumentar la permeabilidad de esta vía en los diferentes municipios por los que pasa.

No hay partido político que se oponga a su gratuidad y eso, a pesar de que los profesionales advierten de que puede ser un regalo envenenado.

La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana lleva tiempo mostrando su postura sobre este asunto. Exigen que su conservación debe estar garantizada a través de los Presupuestos Generales del Estado e insisten en que para paliar la escasa inversión en mantenimiento en la red estatal hacen falta un plan de choque de 152 millones.

La cifra, que puede sonar a una más de esas que se acumulan cuando se habla de la discriminación en materia de inversiones a la que sometido el Gobierno central a la Comunitat Valenciana, supone un problema importante para los contratistas.

Insisten en que el hecho de no tener que pagarse peaje aumentará considerablemente el tráfico de camiones pesados. De ahí, que critiquen con firmeza el anuncio realizado por el secretario general de Fomento, Javier Izquierdo, quien aseguró que se destinarán 12 millones de euros anuales para obras de mantenimiento de los 367 kilómetros de la autopista.

«Es una cantidad claramente insuficiente. Migrará mucho tráfico procedente de las carreteras nacionales y habrá que aumentar el paquete de firmes tanto de base como de rodadura asfáltica para soportar una densidad mayor de tráfico pesado», afirma el director gerente de este organismo, Manuel Miñés. Los estudios realizados por esta cámara aseguran que serán necesarios 60 millones extra en un corto plazo de tiempo, cantidad a la que habría que sumar anualmente 15.60 millones.

Izquierdo, tras su última reunión con la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, también se comprometió a preparar un protocolo y crear una comisión en la que participe el Ministerio de Fomento y la Generalitat valenciana para estudiar las conexiones necesarias. Así, dijo que entre febrero y marzo se licitarán dos obras pendientes en Oliva (17 millones de euros) y Vinaroz (28 millones).

¿Para qué un protocolo?

El anuncio, lejos de suponer una victoria, ha sorprendido sobremanera a Miñés. «¿Por qué no se comprometió a hacerlo antes de que acabe el año si ambos proyectos están ya redactados?». Añade que las conexiones necesarias entre las dos carreteras nacionales (N-332 y N-340) deben ponerse en marcha cuanto antes, de lo contrario, esta vía, servirá casi exclusivamente a los trayectos de largo recorrido y no aliviaría el tráfico en las poblaciones.

Tampoco entiende la necesidad de estudiar ahora las conexiones necesarias puesto que existe ya un documento de la Conselleria de Obras Públicas que recoge las diez imprescindibles, valoradas en 220 millones.

A la espera del gratis total, hay que pagar más

El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para pedir que todos los usuarios de esta vía tengan los mismos descuentos. En este momento, en el tramo de Tarragona, Barcelona y Lleida, los usuarios diarios no pagan peaje y los vehículos pesados reciben una bonificación del 50 por ciento. Todo corre a cuenta del dinero del Gobierno. «Todos los usuarios deben pagar lo mismo, o al menos los de los tramos de características similares», defiende el PP.