Acusa a la oposición de no apoyar igual a los despedidos de RTVV que a otros

VALENCIA- A medida que se acercaba la hora del fundido a negro de Canal 9, más políticos trataban de entrar en los estudios de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Algunos consiguieron colarse durante la madrugada, los menos trasnochadores pedían entrar y ante la negativa, alguno optó por saltar la valla. El objetivo era apoyar a los trabajadores afectados por el ERE y de paso, sentarse en la mesa del plató que retransmitió en directo el cierre del canal autonómico.

Para el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, la solidaridad demostrada por los afectados por este ERE contrasta con la poca exhibida durante otros procesos similares, que aunque no han llevado al cierre de empresas públicas, han dejado sin empleo a 2.052 personas que «como los de RTVV también tienen familias e hipotecas».

Císcar aprovechaba así la ocasión para criticar la actuación de la oposición, puesto que lo que se le preguntaba era si se impondrían sanciones a los trabajadores que retrasaron el apagón de la televisión. Aseguró que todavía no se ha analizado, pero dijo que se hará «desde la comprensión» incidiendo en que «todo no eran trabajadores».

Lo que sí le ha dado tiempo a evaluar al Consell es el modo de llevar a cabo el cese de las emisiones. Admitió que no se dio una «buena imagen», pero que el objetivo principal se vio cumplido. El Gobierno de Fabra quiso evitar el desalojo por la fuerza de los trabajadores. De ahí que se tratase de hacer el corte por la noche, porque es cuando menos trabajadores hay. También por este motivo no se cortó la emisión hasta que hubo orden judicial.

A partir de ahora, es el Consejo liquidador el que tiene que aprobar el ERE de extinción. De elaborar este documento se encargará a un despacho de abogados, como ya se hizo con el anulado por los tribunales. Se sacará a concurso público, puesto que la cantidad, aún por determinar, será mayor de 20.000 euros. Los plazos de ejecución aún no se conocen.

El contrato secreto con Ecclestone

Císcar aseguró ayer que el diputado de EU, Ignacio Blanco, que hizo público el contrato de la Fórmula 1 podría tener problemas con la Justicia. Afirmó que ha incumplido la confidencialidad que impone el convenio firmado con Bernie Eclestone. Blanco acusó a Císcar de mentir y aseguró declararse insumiso a este tipo de condiciones.