Antifraude pone la lupa en Ribó a cuatro días de su declaración judicial

La Agencia Antifraude ha solicitado al Ayuntamiento de Valencia que le remita copia compulsada del expediente de resolución del contrato suscrito con la UTE Pavapark-Auplasa Grúa de Valencia tras comprobar «la existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos comunicados».

Este es el segundo requerimiento de documentación que hace la Agencia Antifraude al Ayuntamiento que preside Joan Ribó esta semana, además de la investigación que ya tiene abierta por la subvención directa que concedió a Ca Revolta, con el informe en contra del interventor.

Todo ello, apenas cuatro días de que el alcalde declare como imputado por prevaricación e impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.

La denuncia a la que hace referencia la agencia en este caso, se refiere a la «resolución del contrato para la prestación del servicio de gestión del servicio público de retirada de vehículos de la vía pública en el término municipal de Valencia». Al parecer, dicho acuerdo fue adoptado por la Junta de Gobierno Local sin el preceptivo informe de fiscalización previa.

En dicho acuerdo se incluía una indemnización de 809.758 euros al contratista así como la condiciones para la prestación del servicio por parte de la misma UTE desde el 1 de noviembre de 2017 con una contraprestación económica de 300.000 mensuales hasta que se formalice nuevo contrato. Todo ello, sin el informe de «fiscalización previa limitada» que no estaba sobre la mesa cuando la Junta de Gobierno adoptó dicho acuerdo. La inexistencia del informe podría ser causa de anulabilidad del acuerdo y una violación del procedimiento administrativo.

Esta petición de información por parte de la Agencia Antifraude se une a la investigación también abierta por la entidad sobre las subvenciones concedidas también por el primer edil a la entidad Ca Revolta, quien concedió 10.000 euros a dicha entidad por adjudicación directa pese a las advertencias de la intervención que dijo en su informe -esta vez si lo hubo y fue negativo- que «no se acreditan en el expediente las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas».

También hay que sumar las investigaciones en curso por los fraccionamientos de contratos del edil Pere Fuset.

Esto sucede a escasos cuatro días de la declaración del alcalde de Valencia en calidad de imputado por supuestos delitos de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos y prevaricación administrativa al negar al grupo popular la información relativa a la realización de una encuesta en el ámbito fallero.