Casi el 70% de los extranjeros atendidos en el año 2010 cotizó a la Seguridad Social

El investigador del Centro de formación e investigación para la integración e inserción laboral de inmigrantes (Ceimigra), Josep Buades, criticó que se haya intentado justificar la reforma sanitaria llevada a cabo por el Gobierno central en el sobrecoste que suponen para el sistema sanitario los inmigrantes que están en una situación irregular.

Apoyó su postura en los datos del último informe anual del centro, en el que Buades participa. Según dicha investigación, del total de extranjeros atendidos por la sanidad pública en 2010 en la Comunitat Valenciana, el 67,4 por ciento lo hizo gracias a estar dados de alta en la Seguridad Social. Los inmigrantes cubiertos gracias a la ya extinta tarjeta solidaria para personas sin recursos representaron solo el dos por ciento del total del colectivo atendido, lo que se traduce en 20.110 personas. Teniendo en cuenta el total de tarjetas SIP expedidas, las solidarias para inmigrantes representaron el 0,04 por ciento.

En este sentido, explicó que sólo hay un siete por ciento de la población extranjera con una edad comprendida entre los 70 y los 90 años, el grupo que más utiliza la atención sanitaria. Se trata concretamente de 71.586 personas, la mayoría de ellas procedentes de países de la Unión Europea, lo que supone el 1,3 por ciento del total de usuarios atendidos en el conjunto de la región valenciana.

«La población extranjera mayoritaria se sitúa entre los 25 y los 49 años de edad, precisamente el grupo registrado con menor utilización de los servicios de Atención Primaria».

Aún así, el Decreto afecta a los ciudadanos europeos residentes en nuestro país y a los inmigrantes extracomunitarios, que han de solicitar y obtener la condición de asegurado, para lo cual deben acreditar ser trabajadores o tener recursos económicos suficientes y un seguro médico.

Los que no cuenten con autorización de residencia solo recibirán atención sanitaria de urgencia, de asistencia al embarazo y al parto, y los menores de edad, en las mismas condiciones que los españoles.

Desde que entró en vigor el pasado mes de septiembre, el Observatorio valenciano de la Salud ha contabilizado 78 incidencias.

Sin embargo, Buades señaló que muchos médicos sí atienden a estas personas, después de que firmen un compromiso de pago.