Castellano defiende su inocencia en un asunto que le es «ajeno»

El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana Serafín Castellano habló ayer, a través de un comunicado, por primera vez desde que el pasado viernes fuera detenido por supuestas adjudicaciones irregulares mientras estuvo al frente de varias Conselleries. Castellano afirmó que defenderá su «inocencia y honor» ante lo que «a todas luces es una utilización» de su nombre y su posición política en un asunto del que se siente «completamente ajeno».

Desmintió además «con toda rotundidad y contundencia todas y cada una de las acusaciones que de manera injusta e impune» se están vertiendo, en su opinión, sobre su persona y que tanto daño «moral y psicológico» están haciendo de forma «irreparable» sobre él y su familia.

«Después de toda mi vida al servicio de la sociedad en distintas responsabilidades públicas, en virtud de las cuales las distintas Consellerias de las que he sido titular han adjudicado cientos de proyectos por cientos de millones de euros», Castellano dice sentirse «orgulloso» de su patrimonio.

Este se limita, dijo, a un apartamento en Dénia y a un terreno rústico que paga con sendos préstamos hipotecarios, así como un coche de más de diez años y otro que usan sus hijas.

«Vivo desde que me casé hace más de veinticinco años en un piso de mi padre. Ahí termina todo mi patrimonio. Y lo pueden comprobar cuando quieran», defiende el ex secretario general del PPCV y exconseller de diversas áreas con gobiernos autonómicos presididos por Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra.

«Ni mi mujer, ni mis hijas, ni yo, ni nadie de mi familia tenemos sociedades de ningún tipo, ni cuentas en el extranjero. Mi familia y yo vivíamos única y exclusivamente de mi nómina cuyo importe es público y todo el mundo puede consultar en los Presupuestos Generales del Estado».

Castellano señaló que colaborará «plenamente» con la justicia en un asunto, dirigido por la Fiscalía Anticorrupción y que ha desembocado en diez imputaciones desde el viernes.

El exdelegado del Gobierno anunció que ejercerá «todas las acciones judiciales en defensa» de su honor y dignidad, «siendo plenamente consciente de que el daño que se ha hecho no sólo a mi persona, sino también a toda mi familia, es irreparable, pues a mí ya se me ha juzgado y condenado pública y mediáticamente por unos supuestos hechos».