El Gobierno recurre el decreto de Turismo del Consell

La norma centraliza las competencias en esta materia y quita poder a las diputaciones

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ayer

La norma centraliza las competencias en esta materia y quita poder a las diputaciones

El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, informó ayer de que la Abogacía del Estado ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Consell que centraliza las competencias en materia de turismo y deporte atribuidas a las diputaciones.

En declaraciones a Efe, García-Margallo apuntó que «además de este recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, se estudia la conveniencia de plantear otro de inconstitucionalidad».

«Se trata de preservar las competencias históricas de las diputaciones provinciales, excuso decir la importancia que tiene para mi provincia, Alicante, que la Diputación siga conservando esas competencias. Lo que funciona no hay que tocarlo», agregó el ministro.

El pasado 28 de abril las diputaciones provinciales de Alicante y Castellón pidieron al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que suspendiese provisionalmente la aplicación de los decretos de Política Turística y Deportiva, aprobados recientemente por la Generalitat.

Los presidentes de los gobiernos provinciales de Alicante, César Sánchez, y Castellón, Javier Moliner, ambos del PP, comparecieron conjuntamente en el palacio provincial alicantino para denunciar que los decretos no tratan de «coordinar esas políticas sino de imponer», ante lo cual ambas instituciones tratan de «defender» sus intereses.

Por su parte, desde Presidencia, el jefe de Gabinete de la Generalitat, Arcadi España, lamentó el «continuo boicot» por parte del Ejecutivo en funciones de Mariano Rajoy a la Comunitat Valenciana, y consideró que este recurso responde a intereses «puramente electorales».

España recordó que el Ejecutivo de Rajoy «ya ha puesto trabas a la universalización de la Sanidad, a la solidaridad de los valencianos con los refugiados y a la reforma del modelo de financiación autonómica».

Criticó además que «por un decreto menor en materia de coordinación, el Ejecutivo de Rajoy pone en marcha toda la maquinaria del Estado, pero no se preocupaba cuando las diputaciones estaban asediadas por casos de corrupción, con los tres últimos presidentes del PP implicados en graves causas y alguno de ellos en prisión».

A juicio de España, «un ministro y un Gobierno en funciones no deberían usar la Administración del Estado con fines electorales, porque si Margallo no se presentase por Alicante esto no hubiera pasado».

Señaló además que el ministro «no ha asimilado el cambio de Gobierno, no entiende que no estén sus compañeros de partido en la Generalitat, pero ha de saber que las instituciones son de todos, no de los partidos, y que tiene un deber de lealtad institucional que no cumple». La presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra el citado decreto de coordinación supondría su inmediata paralización.