El pliego de la adjudicación del ERE prevé un seguro de 20 millones

El pliego de condiciones para optar a la redacción del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) contemplaba importantes requisitos económicos. Con estos, la Generalitat conseguía cubrirse las espaldas si la adjudicataria elaboraba mal el documento.

En el capítulo de «solvencia y clasificación» recoge dos condiciones. La primera obliga al interesado a justificar la existencia de un «seguro de indemnización por riesgos profesionales por cuantía mínima de 20 millones de euros o en su caso, compromiso mediante declaración responsable de suscribirlo caso de resultar adjudicatario». La segunda pide «la acreditación de un volumen de facturación superior, en diez veces al presupuesto base de licitación del contrato, en cada uno de los tres últimos ejercicios de actividad».

El presupuesto máximo de licitación fue de 190.000 euros, IVA no incluido, aunque la ganadora de la misma, J&A Garrigues S.L.P., bajó el importe a 125.000 euros, IVA aparte.

El hecho de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) haya declarado nulo el ERE redactado por Garrigues habilita a la Generalitat a reclamar 20 millones de euros, aunque hasta ahora parece que no tiene intención alguna de hacerlo.

El pasado viernes el vicepresidente del Consell, José Císcar, aseguró que se estudiará emprender acciones legales contra la ex directora general de RTVV, Rosa Vidal, por la manera en que llevó a cabo la ejecución del ERE, pero descartó pedir responsabilidades a Garrigues.

La Generalitat está decidida a demostrar que el documento era «impecable», pero que fueron las manos de Vidal las que lo llevaron a este final. «Si no hubiese sido por los 186 trabajadores que sacó del ERE, no se hubiese declarado nulo, quizás improcedente». La diferencia es que la nulidad es la que obliga a readmitir a los mil despedidos, operación que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, califica de totalmente inviable.

El Consell maneja dos documentos para corroborar su versión. Uno elaborado por sus servicios jurídicos y otro por Garrigues. Ambos servirán para hacer frente a los recursos anunciados, aunque no serán suficientes.

Compromís fue el primero en presentar en el Juzgado de guardia de Valencia una denuncia por vía penal contra el Consell por entender que puede existir prevaricación en la publicación de un decreto- ley para modificar la Ley de RTVV y nombrar a un nuevo director general y a los cuatro consejeros que dimitieron el miércoles. Por su parte, el PSPV presentará un recurso de inconstitucionalidad contra el cierre.

Císcar explicará mañana en Les Corts todo el proceso y la próxima semana se aprobará el decreto- ley, lo que no implica el cese inmediato de la emisión.