El PP acusa a Oltra de falsear los datos de Aerocas y tomarán medidas de defensa

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, anunció ayer que la Abogacía de la Generalitat estudiaría un pago que la Generalitat emitió a Aerocas- la empresa pública del aeropuerto de Castellón- por valor de 12 millones de euros el pasado mes de mayo. «Si hay irregularidades se llevará a la Fiscalía con nombres y apellidos».

Oltra aseguró que este abono iba destinado a SNC-Lavalin, la gestora del aeródromo, en concepto de canon de explotación, cuando según el contrato firmado le corresponderían 2,5 millones al año. «Sería por si llegaba otro Consell que tenía otras prioridades como el pago a la dependencia o dar becas en lugar de saquear las arcas públicas a través de operaciones como esta».

Hasta aquí la versión de Oltra que, según aseguraron desde la dirección del PPCV, difiere bastante de la realidad. Efectivamente el Consell abonó esa cantidad al Aerocas, pero en concepto de ampliación de capital. A la concesionaria únicamente le ha pagado el canon de 2014 y de 2015.

Estas acusaciones han enervado a los populares quienes estudian tomar medidas para que quede públicamente aclarado este asunto. Además, lamentan que no sea una excepción y que olvide que Oltra habla en calidad de portavoz del Gobierno valenciano y no de Compromís.

Con todo, tranquilizaron a la vicepresidenta y le aseguraron que todas las operaciones financieras se han hecho con los informes jurídicos correspondientes y animan a Oltra a leerse los Presupuestos Generales, ya que allí se contempla la partida que tanta preocupación le ha producido.

La vicepresidenta aseguró que la construcción del aeropuerto de Castellón es «otro fracaso del Gobierno anterior» y aunque no dijo que la Generalitat fuese a cerrarlo, dio a entender que es innecesario debido a la proximidad con el aeropuerto de Manises. Es más, lamentó que ahora la Comisión Europea esté investigando si se le dio ventaja económica a la compañía Ryanair para que operase en Castellón.

Tampoco acertó Oltra en esta denuncia puesto que Bruselas lo que realmente está estudiando si el canon que acordó pagar el Gobierno popular de Alberto Fabra al grupo canadiense SNC-Lavalin por gestionar el aeropuerto cumple con las normas comunitarias.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Javier Moliner, afirmó que no se ha puesto «ni un euro de dinero público» para que arranquen los vuelos regulares y tras ser preguntado por la apertura del expediente aseguró que el contrato es absolutamente legal.