El PP critica la inactividad del Consell que no se reunirá en todo agosto

Insisten en que el Gobierno de Puig y Oltra debe tomar medidas urgentes en materia educativa

El pleno del Consell no se reunirá en agosto. Un periodo de descanso que los populares nunca se tomaron cuando estuvieron en el Gobierno y recuerdan que, como mínimo, el Gobierno valenciano tenía dos sesiones plenarias durante este mes, en función del número de viernes.

Para el PP, el hecho de que el Gobierno valenciano haya echado el cierre por vacaciones indica que no quieren o no saben hacer frente a problemas importantes que tienen encima de la mesa, como la educación.

La portavoz adjunta del PP en Les Corts, María José Català, insistió en que el Consell debería reunirse lo antes posible para introducir las modificaciones que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) ha realizado sobre el decreto de plurilingüismo.

Sin embargo, el Gobierno valenciano no tomará decisión alguna sobre esta cuestión al menos hasta el 1 de septiembre, cuando está previsto que se retomen con normalidad las reuniones del pleno del Consell, según confirmaron desde la Portavocía. Para entonces, faltarán diez días para que comience el curso.

Desde el Consell, explican que no puede haber reuniones dado que la vicepresidenta Mónica Oltra tuvo vacaciones los15 primeros días del mes y el presidente Ximo Puig, que sigue manteniendo agenda pública, los 15 restantes.

Català, última portavoz del Consell de Alberto Fabra, insistió en que en agosto el Gobierno del PP continuaba aprobando asuntos importantes para los valencianos. Por ejemplo, en 2012 se aprobó el decreto de plurilingüismo, en 2013 se dio luz verde a varios convenios con Ayuntamientos para dar solución a las personas afectadas por desahucios y en 2014 se aprobó un proyecto de ley de suplemento de crédito derivado del FLA.

El hecho de que no haya Consell significa que en este periodo no se aprobarán decretos ni anteproyectos de ley, explica Català. Tampoco se realizarán adjudicaciones de servicios públicos que, por su elevada cuantía, deben tener el visto bueno del pleno.

Aludió a las 3.300 plazas de residencias que siguen sin adjudicarse, asunto que compete directamente a Oltra, que también es consellera de Igualdad. En junio denunció que estas plazas deberían haberse resuelto en enero y que se acumulan facturas que suman más de 60 millones.