El PSPV llevará a Ferraz su plan para evitar el 60% de los desahucios

Valencia- «Se trata de un texto pionero, porque lo que plantea es actuar desde el Gobierno valenciano antes del desahucio. Pretendemos que se convierta en un agente de intermediación preventiva para evitar el desalojo a través de la firma de un contrato a tres entre la Generalitat, el banco y el ciudadano, para que éste pueda mantenerse en su casa». Estas fueron las palabras que eligió el secretario general del PSPV, Ximo Puig, para presentar la proposición de ley que su grupo llevará a Les Corts y que se debatirá en un par de semanas. Tan orgulloso está de su iniciativa que se la propondrá a la dirección federal de su partido liderada por Alfredo Pérez Rubalcaba.

Según los cálculos «realistas» de los socialistas, con este proyecto podrían haberse evitado el 60 por ciento de las ejecuciones presupuestarias que se llevaron a cabo en la Comunitat el año pasado. La región valenciana es la segunda autonomía con más desahucios, con una media de 19 al día, 7.018 en todo 2012.

La fórmula es sencilla. Se inicia un arrendamiento con opción a compra cuando la entidad bancaria comunica que va a producirse la ejecución. Se aprueba entonces una quita de la mitad del valor del inmueble y la Generalitat se hace cargo del coste del alquiler, aunque con la participación económica del afectado, que asume una parte. Éste continúa viviendo en su casa por un periodo mínimo de tres años, cuando tiene la opción de comprar de nuevo su vivienda.

Si este contrato no puede formalizarse, el PSPV plantea una «expropiación forzosa del usufructo temporal» del inmueble. En este caso, el Ejecutivo valenciano pagaría a la entidad bancaria un justiprecio del dos por ciento anual. El arrendatario, por su parte, abonaría una cantidad no superior al 25 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.

Para poder acogerse a este plan, es requisito indispensable que ningún familiar del afectado posea otra vivienda. El desahucio ha de producirse por que las «condiciones económicas de la personas hayan sufrido un importante menoscabo». La renta no podrá superar los 1.600 euros al mes.

El programa también prevé actuar contra las viviendas vacías, duplicando el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las que no se alquilen.