El TSJCV lleva el decreto de plurilingüismo al Constitucional

«La Conselleria de Educación no ha cumplido la orden de suspensión», aseguran los magistrados.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó ayer plantear una cuestión de inconstitucionalidad frente al decreto ley 3/2017 por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos en los centros educativos.

La Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell en septiembre, mantiene el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto 9/2017, suspendido por el Alto Tribunal meses antes.

«La Conselleria de Educación no cumplió la orden de suspensión» y, en su lugar, el Gobierno valenciano aprobó el Decreto-Ley 3/2017 de medidas urgentes para la aplicación durante el curso 2017-2018 de los proyectos lingüísticos de centro, convalidado por el pleno de Les Corts el 8 de septiembre de 2017.

Según los magistrados, el decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución en relación con el artículo 44.4 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y el artículo 9.3 de la Constitución por arbitrariedad al no existir extraordinaria y urgente necesidad para el dictado de tal norma.

Además, el TSJCV pide al Constitucional que declare la inconstitucionalidad del decreto ley por vulneración del artículo 24.1 de la Constitución en relación con el artículo 117.3.

El decreto ley se aprobó con la finalidad de impedir la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo que acordaban la suspensión del decreto de plurilingüismo y establecían, además, la forma en que tal suspensión debía ejecutarse.

Sánchez, «muy satisfecho»

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, dijo ayer sentirse «muy satisfecho» con la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Fue la institución alicantina quien presentó la demanda ante el tribunal.

«Se están defendiendo las libertades y derechos que, en materia educativa, deben tener las familias de la Comunitat», aseguró Sánchez. «El Consell no puede regatear a la justicia ni saltarse los autos dictados por los tribunales».

El popular, que se reunió ayer con los sindicatos Concapa, Covapa, FSIE y USOCV, adelantó que la Diputación de Alicante continuará usando «todos los recursos jurídicos contra las normas que atenten el sentido común, contra la nación española y que encajan con la línea que siguieron hace algunas décadas los que hoy protagonizan el proceso independentista de Cataluña».

Siempre «al lado de la comunidad educativa»

Sánchez aseguró a las familias que la institución seguiría «defendiendo la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y que el valenciano forme parte, por supuesto, de nuestra realidad educativa en la Comunitat, pero sin excluir, en ningún caso, el castellano». Señaló que para nada se pretende «imitar ningún proceso nacionalista e independentista»