La Generalitat sigue sin explicar por qué Puig «condonó una deuda» de 1,3 millones

La oposición pide explicaciones al presidente por una quita millonaria al Grupo Zeta

El PP y Ciudadanos pidieron ayer que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, dé explicaciones sobre la condonación, por parte del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), de una deuda de 1,3 millones de euros al Grupo Zeta, en el que el jefe del Ejecutivo valenciano tiene acciones.

No obstante, el director general del IVF, Manuel Illueca, descartó que la operación de venta de valor de un activo deteriorado, un préstamo al Grupo Zeta que adquirió Prensa Ibérica, originara la aprobación del decreto del Consell sobre el reglamento de actuación del Instituto.

El PP registró ayer en Les Corts la petición de que se reúna la Diputación permanente con el fin de que Puig explique su participación en el pleno del Consell en el que se aprobó una operación que «podría favorecer» a un grupo empresarial en el que tiene «acciones e intereses».

Así, la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, pidió que el presidente explique asimismo la relación de la Generalitat y el IVF con la condonación «del 70 por ciento de una deuda a un grupo empresarial del que Puig tenía más de 177.000 euros en acciones».

El PPCV advirtió de que va a revisar las actas del pleno del Consell donde se alcanzaron estos acuerdos y en los que pudo participar Puig, y pidió copia completa del expediente de esa condonación, al considerar que se trata de algo que no es «ni ético ni estético».

Por su parte, Ciudadanos registró varias preguntas parlamentarias para que la Generalitat manifieste si ve «ético» que Puig sea accionista del «mayor grupo mediático y de comunicación» de la Comunitat, Editorial Prensa Ibérica, y los motivos de condonación de dicha deuda.

A pesar de todo, el director general del IVF descartó que la operación de venta de valor de un activo deteriorado, un préstamo al Grupo Zeta que adquirió Prensa Ibérica, originara la aprobación del decreto del Consell sobre el reglamento de actuación del Instituto.

Illueca aseguró que, cuando el Consell aprobó ese decreto, no tenía «ningún tipo de información de si estaba detrás esta operación u otra», y señaló que cuando se planteó la venta del crédito se condicionó a la aprobación del decreto, que aseguraba «cobertura legal» a todas las operaciones.

Preguntado si el IVF tenía conocimiento de que Puig es accionista del periódico Mediterráneo con el 1,2 por ciento de las acciones, manifestó que esta cuestión se desconocía por parte del Instituto, que tiene, según defendió, un código ético.

Puig «nunca ha dado luz verde ni luz roja a ninguna actuación del IVF, y si algo le ha caracterizado ha sido el máximo respeto a las decisiones técnicas del IVF», afirmó Illueca, al que el presidente preguntó por una cuestión «que estaba en todos los medios de comunicación», dijo ayer en alusión a la venta del activo deteriorado («mal llamada quita», precisó).

Puig se interesó por este asunto y le preguntó «cuánto dinero se nos debe, cómo está la cosa» e Illueca le comentó que el grupo Zeta «estaba mal y tiene una situación complicada».

Sobre el mantenimiento del empleo en el diario Mediterráneo (que ha sufrido despidos) tras la compra del Grupo Zeta por parte de Prensa Ibérica, el director del IVF argumentó que con un 1,8 por ciento de participación en el crédito sindicado de la banca al Grupo Zeta era «difícil imponer condiciones» y no se planteó al entender que «no iba a ser aceptado».

Antecedentes

La participación del IVF en el crédito sindicado de entidades financieras a Grupo Zeta procede de dos préstamos que concedió a la imprenta Silsa, del Grupo Zeta, por importe de tres millones cada uno, que fue liquidándose con normalidad hasta que en 2009 el grupo decidió reestructurar la deuda e hizo el préstamo sindicado, en la que entró el IVF.

En 2017 se vieron las evidencias de la insuficiencia financiera para hacer frente al crédito y se encargó un informe a Deloitte, que fijó entre el 18 y el 31 por ciento, con un 24 por ciento de media, la probabilidad de recuperación de las cantidades prestadas si iba a liquidación.

Entonces el IVF provisionó el cien por cien del tramo no sostenible y el 50 por ciento en el tramo sostenible, y fue «una decisión acertada porque cobramos lo que provisionamos, el 30 por ciento».

Prensa Ibérica ofreció adquirir el crédito del Grupo Zeta por el 30 por ciento de su riesgo vivo, que el IVF condicionó a la aprobación del decreto, ya que era inminente.

Illueca defendió que su actuación al frente del IVF en este asunto siempre ha sido minimizar pérdidas al banco del Consell.

El IVF tiene en marcha otras operaciones de reestructuración de deuda, una con el fondo Tirant, y otra con el fondo Emprendimiento, en el que hay interesado un fondo valenciano.

Nada que ver con el presidente de la Generalitat

Preguntado por este asunto en Bruselas, antes de reunirse con cuatro europarlamentarios valencianos, Puig insistió en que adquirió dichas acciones en los años 80 y que las decisiones que se han adoptado por el IVF han estado en manos de los técnicos, “nada que ver con el presidente de la Generalitat”. Además, subrayó que el problema lo generó el PP al conceder unos créditos al Grupo Zeta que “no eran demasiado razonables, como muchos otros”.