La patronal acusa a Sanidad de «perseguir» el modelo concertado

El enfado de los empresarios valencianos ante la intención de la Generalitat de revertir a lo público los hospitales concertados, ya es más que evidente. Fuentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) aseguraron ayer que empiezan a estar «hartos» de la «persecución» que ha iniciado la consellera de Sanidad, Carmen Montón, contra la sanidad público-privada, «que lleva años funcionando y ha demostrado ser eficiente y rentable».

Estas mismas fuentes instaron a la Conselleria a «gestionar mejor lo que ya está en manos públicas» para mejorar los ratios y las listas de espera, y que se olviden «de demagogias y del Acuerdo del Botànic». Un pacto, indicaron, al que llegaron los partidos políticos que forman el Consell «pero que no votaron los ciudadanos».

En el caso concreto de la compra del departamento de Salud de La Marina, dentro del cual se encuentra el Hospital de Dénia, los empresarios consideran que la Generalitat está creando «inseguridad jurídica». El 65 por ciento de este centro está en mano de la empresa DKV y el 35 por ciento restante pertenece a Ribera Salud. El presidente del Consell, Ximo Puig, anunció su intención de comprar la parte de DKV para que el hospital sea público, pasando por alto el derecho de tanteo de Ribera Salud.

Es decir, esta empresa cuenta con prioridad absoluta a la hora de adquirir el resto del hospital y la Generalitat tendría que hacer una oferta siempre superior a la suya para poder optar a estas acciones, algo que según las fuentes consultadas «no va a pasar».

En todo caso, los empresarios consideran que la consellera Montón está creando incertidumbre al seguir insistiendo en una operación que es prácticamente imposible, sobre todo teniendo en cuenta que Ribera Salud y DKV tienen prácticamente cerrada la venta a la primera de todo el paquete accionarial.

Además, les preocupa «cómo van a pagar» la reversión al sistema público de los hospitales si todavía deben 150 millones de euros a las empresas concesionarias de estos centros. Solo la compra del paquete de DKV costaría 60 millones de euros a las arcas públicas valencianas.

«Con el problema de financiación que tiene la Comunitat, no se sabe quién va a pagar todo eso», señalaban desde la patronal. Apuntaron además que les parece correcto que se realicen auditorías y se pidan pruebas a los centros de titularidad público-privada, aunque instaron a hacer lo mismo en los hospitales únicamente públicos, para que estos también demuestren su rentabilidad y eficacia.

Aunque la semana pasada se aseguraba desde la Generalitat que DKV había mostrado su disposición a negociar la venta de su participación en el Hospital de Dénia, fuentes próximas a la empresa aseguraron ayer que el proceso de traspaso de las acciones a Ribera Salud, no solo continua sino que además está muy avanzado.

Estas fuentes explicaron que durante la reunión se les comunicó a los representantes de la Generalitat esta circunstancia, por lo que son conocedores de la situación.

Es cierto que el propio presidente Puig indicó que, de no ser posible la compra, se podría proceder a realizar una expropiación de las acciones de DKV, una operación que, tal y como publicó este periódico, costaría más de cien millones de euros, es decir, bastante más que la propia adquisición del hospital.

Aparte de este centro, la Generalitat quiere revertir al sistema público también el Hospital de La Ribera de Alzira, cuya concesión finaliza en 2018 por lo que la Generalitat no tendría que realizar ningún pago.