La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza el 36,6% en la Comunitat

Unicef ha pedido a los gobiernos estatal y el valenciano que den prioridad a la infancia en las inversiones y en las políticas públicas y reconozcan la vulnerabilidad del colectivo para que puedan tomar medidas efectivas que acaben con la pobreza infantil.

El documento reclama la creación de la figura del Defensor del menor y, al mismo tiempo, denuncia la paralización del Observatorio sobre derechos de los niños contemplado en la ley de protección de la infancia y de la adolescencia de la Generalitat Valenciana.

El informe "La infancia en la Comunidad Valenciana 2014", hecho público por Unicef, analiza los principales desafíos existentes en el ámbito autonómico para el cumplimiento de los derechos de la infancia que se recogen en la Convención sobre los Derechos del Niño, que el próximo miércoles cumple su 25 aniversario.

Tras un trabajo de investigación, el Comité de Unicef en la Comunitat Valenciana concluye que existen recursos económicos suficientes para garantizar la protección de los niños en situación de vulnerabilidad, diseñar el III Plan Integral de la Familia e Infancia para acabar con la pobreza infantil y velar por el derecho a la educación y salud de los niños en riesgo de exclusión.

La autora del primer informe sobre la situación de la infancia en la autonomía y responsable de Sensibilización y políticas de Infancia en Unicef Comunidad Valencia, Marlene Perkins, ha explicado los desafíos a los que se enfrenta la Generalitat y sus posibles soluciones.

Según datos del Ministerio de Educación, el abandono escolar se sitúa en el 24,12% a nivel español y en el 26,9% en la Comunidad Valencia y el fracaso escolar alcanza el 23,1% en España y el 30,4% en la Comunidad Valenciana, mientras que la media de la Unión Europea es del 12,9%.

Para la autora del informe, estas cifran son un "indicador preocupante"por lo que recomienda que se "evalúen estos datos y se tomen medidas para paliarlos desde la administración pública".

Perkins ha denunciado que la reducción de las becas en España y en la Comunidad Valenciana no ayuda a salvaguardar los derechos de igualdad de los niños en riego de exclusión.

Del mismo modo, se deben corregir las limitaciones al acceso de las becas, ya que, como ocurre con las ayudas de comedor de la Conselleria de Bienestar Social 2014-15, "no se puede discriminar al niño por una deuda que tengan los padres con la agencia tributaria, dado que el titular del derecho a la educación pertenece al niño, no a los padres", ha comentado Perkins.

El indicador AROPE, que mide el riesgo de la población infantil a vivir en la pobreza, sitúa a España en una probabilidad del 32,6% y a la Comunidad Valenciana en el 36,6%.

Para solventar este desafío, Perkins sostiene que se debe fomentar una política de empleo sostenible que pueda permitir a las familias salir de las situaciones de pobreza.

El informe Unicef también alerta sobre la asistencia sanitaria y pide que las medidas de austeridad en sanidad no repercutan sobre los derechos de la infancia.

Respecto al entorno familiar, Unicef espera que se consolide la acogida familiar frente a la acogida residencial y que se faciliten recursos de transición a la vida adulta para las personas que al cumplir la mayoría de edad abandonan el sistema de protección de menores.