Los padres católicos recurrirán a los tribunales si se reducen las concertadas

Desde la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa) contestaron ayer al conseller de Educación, Vicent Marzà, que las escuelas concertadas «no son un privilegio gracioso que concede la administración a los padres» y que el concierto de éstas «garantizan el ejercicio de un Derecho Constitucional». En la misma línea matizaron que todos los centros concertados «cumplen una función social». Desde la entidad aseguraron que irán a los tribunales si el Consell recorta en conciertos educativos.

El conseller de Educación advirtió el pasado lunes que pondría fin a la «barra libre» para estos acuerdos. Así mismo comunicó que en el próximo curso se aumentará en 44 las unidades concertadas, aunque recalcó que este plan pertenecía al antiguo gobierno y que el Consell actual lo ha aplicado por falta de tiempo para modificarlo.

El vicepresidente de Fcapa y portavoz, Vicente Morro, alegó que Compromís ya llevaba en su programa electoral «que iban a potenciar exclusivamente la enseñanza pública» o dejar de forma residual o «complementaria» la escuela concertada. «Nosotros entendemos que viola el derecho constitucional a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos», sentenció el vicepresidente.

Para la Federación, el derecho a la libertad de educación «está reconocido y no otorgado por la Constitución Española», por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por la Ley Orgánica de Educación, que el propio Consell defiende, y que también se contempla en «otros muchos tratados internacionales».

Para Fcapa el lenguaje del conseller es totalmente de «mitin» ya que a su juicio, Marzà pretende «violentar, una vez más, el derecho de los padres a decidir» y le acusaron de «arremeter» de forma «totalmente injusta, equivocada e injustificada contra los conciertos educativos» con un lenguaje más propio «de un mitin de Compromís que de un conseller, que es lo que es ahora».

Morro alegó que desde su partido «podrán tener sus proyectos» o que el propio conseller «desde su sindicato -refiriéndose al Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (Stepv)- tendrá sus proyectos, pero mientras que sea conseller de todos tendrá que ceñirse a las leyes vigentes».

Para los padres de escuelas católicas, la postura de Marzà es injusta y equivocada «porque ignora la realidad -mayor demanda social de la concertada, ahorro para las arcas públicas y se sustenta solo en planteamientos ideológicos», injustificada porque «su ataque no tiene base legal ni social ni pedagógica alguna».