Los vecinos irán a los tribunales si Ribó no pone coto a las terrazas

Denuncian la impunidad de los locales y la inactividad y falta de transparencia del Ayuntamiento

El plan de pacificación de la ciudad del que presume el tripartito en Valencia ha tenido el efecto contrario. Los vecinos se han levantado en armas y denuncian que, lejos de solucionarse el problema, desde que gobierna la coalición Compromís-PSPV-PSOE y València en Comú los problemas de convivencia han aumentado.

Ayer, los presidentes de las asociaciones de vecinos de los barrios más afectados por el ruido unieron fuerzas y quejas para avisar al alcalde: Si no pone remedio a los desmanes y a la impunidad con la que actúan la mayoría de los locales de ocio, acudirán a los tribunales.

Dicen que Joan Ribó mira hacia otro lado en este asunto y que la situación ha traspasado la línea de lo soportable. «La salud de muchos vecinos se ve afectada. El derecho al descanso es un derecho; el ocio es una opción», aclaraba la presidenta de la Federación de Vecinos de Valencia, María José Broseta.

«Desde que están en el poder la situación ha ido a peor. Y es curioso, porque cuando estaban en la oposición y en periodo electoral decían que era necesario tomar medidas y hacer un mapa del ruido», critica.

Broseta lamenta la ineficacia de los planes de movilidad que se han llevado a cabo hasta el momento, pues, a su juicio, «la solución no es pacificar una zona de tráfico para ‘despacificar’ la calle de al lado, que es la que soporta el ruido».

Y las terrazas, el gran problema que mantiene en vela, literal y metafóricamente hablando, a los vecinos. «400 sillas en un cruce de calles es algo demencial», protestaba Giovanni Donini, presidente de la Asociación de vecinos de Russafa-Gran Vía. «La movilidad es sobre todo para las personas, no solo para taxis, autobuses y bicicletas. No solo no se ha hecho nada, sino que no existe voluntad de hacerlo en un futuro», aseguró antes de calificar de «política de golpe de efecto» los planes del equipo de Ribó.

A las quejas de inacción se une la de falta de transparencia. «Esta caja negra en la que se ha convertido el Ayuntamiento no nos facilita el trabajo», lamentaba ayer Antonio Puchades, representante vecinal de Arrancapins-La Petxina (la conocida como zona de Juan Llorens), para, a continuación, señalar la «generosidad» de la Administración local a la hora de conceder licencias. «El único recurso que nos queda son los tribunales».

Colapso sancionador

Solo un 20 por ciento de las terrazas tiene el espacio delimitado y señalizado tal y como obliga la normativa, ergo, «el 80 por ciento incurre en ilegalidades», denuncia Puchades. «Pero no pasa nada, porque disfrutan de impunidad, pues las denuncias se quedan sin tramitar». Broseta explica al respecto que actualmente las sanciones «graves» o «muy graves» las tramita la Generalitat, pero el colapso administrativo (hasta de dos años de demora) provoca que la mayoría prescriban.

Ahí es donde la presidenta de los vecinos cree que debería actuar el Ayuntamiento. Las denuncias «podrían remitirse a los servicios sancionadores del Consistorio y así de cobrarían. Si a un local le ponen de 30.000 a 300.000 euros de multa, seguro que no vuelven a incumplir la ley. Tal y como está ahora la norma, los locales sancionados se ríen de los vecinos y de la Policía, porque saben que la denuncia no va a prosperar y nunca tendrán que pagar».