Marzà fiscaliza el nivel de valenciano de los trabajadores de Ribera Salud

La Conselleria de Educación, que dirige Vicent Marzà (Compromís), ha enviado un correo electrónico a los responsables del grupo Ribera Salud informándoles de que a partir de esta semana los hospitales que gestiona esta concesionaria recibirán la visita de un inspector. El objetivo es realizar una encuesta sobre el nivel de conocimiento de valenciano de los trabajadores de dichos centros.

No es la primera vez que la Generalitat valenciana trata de «intimidar» a Ribera Salud, según denuncian fuentes conocedoras del conflicto que mantiene esta empresa con el Gobierno valenciano desde que este decidiera rescindir los contratos (el primero de ellos, en el hospital de Alzira en abril de 2018) y acabar con la colaboración público-privada.

El pasado mes de marzo, inspectores de la Conselleria de Sanidad se personaron en las instalaciones del hospital de la Ribera en Alzira para comprobar si la empresa concesionaria había destruido documentación relevante.

Esta acción fue duramente criticada por el consejero delegado de la empresa Ribera Salud, Alberto de Rosa, quien sospecha que «alguien está intentando transmitir una sensación a la sociedad que va mucho más allá de las líneas rojas de las buenas relaciones institucionales» en relación a las injerencias de la Generalitat en el funcionamiento de la empresa.

política lingüística en duda

La política lingüística del Consell tampoco escapa de la polémica. De hecho, hace apenas unas semanas, la Conselleria de Educación convocaba los cursos de valenciano para los empleados públicos y el sector público instrumental.

El objetivo es aumentar progresivamente la autonomía lingüística en valenciano del personal de la Administración valenciana «y poder así garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos».

El decreto de usos institucionales y administrativos de la lengua entrará en vigor el próximo 23 de noviembre y afecta no solo a la Generalitat y a su sector público, sino también a los ayuntamientos y al Estado. Es más, su ámbito de actuación se extiende a personas físicas y jurídicas, por lo que incluye el ámbito privado. Un punto que hasta el Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano estatutario consultivo, ha puesto en duda y sobre el que emitió un informe desfavorable.

Asimismo, la mayoría de los miembros del CJC considera que la Generalitat se extralimita al dotar a la recién creada Oficina de Derechos Lingüísticos (para la tramitación de quejas y sugerencias en caso de discriminación del uso de la lengua valenciana) del poder de control sobre el uso del valenciano en el ámbito privado.

Así las cosas, la visita que en unos días llevarán a cabo los inspectores de la Conselleria de Educación a los tres hospitales públicos gestionados por el grupo Ribera Salud (Alzira, Torrevieja y Vinalopó) responderían al plan fiscalizador de Marzà.