Marzà no admite las alegaciones de la concertada al «distrito único»

«Educación inicia el diálogo con la comunidad educativa para conformar los criterios de aulas que se ofrecen para el curso que viene». Este es el titular que daba ayer la Conselleria dirigida por Vicente Marzà sobre el inicio de las mesas de trabajo con los padres, sindicatos y patronales de la Educación sobre los criterios de aceptación y el arreglo escolar para los colegios públicos y concertados. Pero lo cierto es que, según los padres de las escuelas católicas concertadas, mucho diálogo no hubo.

Tal y como explicó el presidente de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, Vicente Morro, el secretario autonómico de Educación, Miquel Soler, se negó a aceptar las alegaciones que este colectivo quería presentar sobre la eliminación del distrito único a la hora de que las familias elijan el centro escolar.

Los padres de las católicas consideran que este decreto atenta contra el derecho constitucional de que las familias elijan libremente el colegio, por lo que, si se aplica el curso que viene, recurrirán primero por la vía administrativa y posteriormente por la judicial, si es necesario.

Los criterios de admisión que plantea la Conselleria son, entre otros, la existencia de hermanos matriculados en el centro, que los padres sean trabajadores del colegio, la proximidad del domicilio o puesto de trabajo de los padres, alumnado con domicilio en el área de influencia del centro, o la condición legal de ser familia numerosa.

Los sindicatos UGT y CCOO se mostraron satisfechos con el hecho de que la Conselleria quiera disminuir los ratios de alumnos y de que sean los propios centros, públicos y concertados, los que planifiquen la distribución de las plazas en función de la disponibilidad. «Todos los centros que se pagan con nuestros impuestos tendrán los mismos criterios», explicaron desde la Conselleria. Marzà mantiene que lo que pretende es aumentar el número de aulas disponibles.