Oltra culpa a la Fiscalía de que no apartara al educador juzgado por abusos sexuales

La vicepresidenta de Políticas Inclusivas asegura que no se pidieron medidas cautelares de alejamiento de los menores

La vicepresidenrta del Consell Mónica Oltra ha justificado que no se apartara al educador juzgado por abusos sexuales porque el la Fiscalía de Menores no pidió ninguna medida cautelar y porque todavía no hay una sentencia firme del caso.

Así lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consell en la que ha asegurado que desde su Conselleria se siguieron todos los pasos que establece el protocolo en este tipo de situaciones. Oltra considera, a pesar de las manifestaciones de la fiscal que evidenció en el juicio la desprotección de la menor que denunció los hechos, que en ningún momento estuvo desprotegida por la Administración de la que depende su tutela y que siempre se actuó siguiendo las indicaciones de la Fiscalía de la que dijo, «tiene la responsabilidad de los menores en estos casos».

Oltra quiso diferenciar la situación que se vivió en el centro Resurrección de Segorbe, en el que un educador fue despedido al conocerse que había cometido abusos sexuales a una menor y que la propia Conselleria tomó la decisión de trasladar a todos los menores argumentando que era para su protección. «En Segorbe los hechos se conocieron en la Consellería a través de una profesora de la Escuela de Adultos que fue quien trasladó lo que estaba pasando, tras el testimonio de la víctima. En este último caso fue el propio centro quien informó a la Generalitat». La vicepresidenta insistió en que son dos hechos «totalmente diferentes».

Hizo hincapié en que después de darse a conocer este último caso su departamento envió una circular a todos los centros de menores, fechado el 27 de septiembre de 2017, en el que se unificaba el protocolo de actuación y se establecía la obligación de transmitir a la Fiscalía de Menores y a la Generalitat la sospecha de este tipo de actuaciones contra los menores.

Según su relato, el centro apartó al trabajador de su puesto de trabajo y comunicó a la Dirección Territorial de la Consellería la sospecha de lo que estaba sucediendo. Después, una psicóloga evaluó los hechos y más tarde se ordenó el traslado de la menor a otro centro residencial a petición de la Fiscalía, lo que no llegó a cumplirse porque judicialmente se dictaminó su ingreso en otro centro.

También desvió su responsabilidad sobre la decisión de apartar al educador de su puesto cuando aseguró que la política de personal de los centros privados no son responsabilidad de la Consellería y aprovechó para criticar el sistema de protección de menores «mayoritariamente privatizado».

Ante la insistencia sobre la desprotección de la menor que hizo la fiscal durante el juicio, la portavoz del Consell aseguró que nunca la Fiscalía trasladó esta situación a la Consellería y añadió que todos los requerimientos realizados por el mencionado departamento judicial se cumplieron a rajatabla. «Si hubiera tenido ésta apreciación la hubiera trasladado».