Podemos pide que se dé una alternativa a los desahuciados antes de echarlos

La formación morada presenta en todos los parlamentos regionales de España proposiciones no de ley en ese sentido.

Marc Pallarés (Podem) deja su escaño y en consecuencia, la Mesa de Corts
Marc Pallarés (Podem) deja su escaño y en consecuencia, la Mesa de Corts

La formación morada presenta en todos los parlamentos regionales de España proposiciones no de ley en ese sentido.

El grupo Podemos en Les Corts Valencianes presentó ayer una proposición no de ley en la que pide que no se ejecuten los desahucios cuando las personas en situación de vulnerabilidad no tengan adónde ir. Considera la formación política que la Administración debe ofrecer a los desahuciados una alternativa o un alquiler social.

Podemos presentó simultáneamente en todos los parlamentos autonómicos españoles proposiciones no de ley en este sentido.

Asimismo, Unidos Podemos presentó una interpelación y moción en el Congreso, para garantizar el derecho humano a la vivienda y el cumplimiento por parte de España de sus compromisos en materia de derechos humanos.

El diputado de Podem y portavoz de Vivienda, Antonio Montiel, recordó que esta formación ya incluyó en los presupuestos para 2018 una medida para dotar con 75 millones de euros la compra de vivienda a particulares para ofertar en alquiler social, medida ante cuyo cumplimiento esta formación va a ser exigente, remarcó el diputado.

Según considera Podem, «la política en materia de vivienda desde hace décadas ha estado marcada en nuestro país por la concepción de la vivienda como un bien de cambio más que un bien de uso, con una óptica puramente economicista y no de derechos».

«Esto se refleja en la promoción de la propiedad privada como forma principal de tenencia, a través de políticas que facilitan la concesión del crédito y desgravaciones fiscales, y en el carácter altamente especulativo que han tenido las sucesivas legislaciones del suelo, estando vinculada la construcción de vivienda a la cultura del pelotazo”.

En este contexto, criticó que «las administraciones públicas han desarrollado el acceso a la vivienda como una cuestión de mercado y no de derecho social, acompañada con unas políticas públicas del todo insuficientes, lo cual contrasta claramente con la propia constitución, que en su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda adecuada».

La PNL reclama el establecimiento de protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa adecuada, o se les ofrezca alquiler social.