PP denuncia que el Consell establecerá un filtro lingüístico para ser funcionario

Alega al borrador de decreto de Usos de las lenguas oficiales por considerarlo discriminatorio

El PP ha presentado alegaciones al «Proyecto de decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales en la Administración de la Generalitat», al considerar que discrimina y que supone, entre otras circunstancias, «una selección de antemano por filtro lingüístico vetando el acceso al empleo y a cargos públicos a los valencianos que tengan peor competencia lingüística en valenciano que en castellano.

El PP pone así el acento en uno de los puntos más controvertidos del proyecto de decreto que es el artículo 27 que obliga a «las autoridades y el personal al servicio de la Administración de la Generalitat en las intervenciones públicas que hagan por razón del cargo han de utilizar el valenciano». Considera el PP que tal artículo vulnera el derecho a no ser discriminado y supone un «filtro lingüístico» de acceso a la función pública.

Los populares también aducen que el texto atenta contra la seguridad jurídica en algunos puntos, como es el relativo al cómputo de los plazos cuando una notificación recibida en valenciano se pide traducida al castellano.

El borrador de decretos hace distinciones en la obligación de utilizar la lengua entre las zonas de dominio lingüístico valenciano o las de dominio castellano, mientras que el PP recuerda que los derechos son de las personas y no de los territorios.

También alega el PP a la obligación que se marca a todos los funcionarios que estén de cara al público, a comenzar la conversación en valenciano, para pasarse luego al castellano, si es necesario. El PP recuerda que «la estadística numérica del uso del valenciano en la Comunitat (que ni siquiera es mayoritario) no justifica que el personal inicie siempre en valenciano.

El borrador de decreto también fija que «la lengua de la administración» es el valenciano, lo que vulnera las normas que regulan la cooficialidad, según el PP.

Otras de las alegaciones al decreto critica la obligación de los contratistas que trabajan para la Administración no solo a dirigirse en valenciano sino también a emplearlo en la documentación e incluso en el etiquetaje y en las instrucciones.

Por último, critican las continuas alusiones a los «territorios del mismo dominio lingüístico» por inexactas.