Rajoy ha mantenido los recursos contra las leyes valencianas

Valencia- El enfrentamiento constante que vivió la Generalitat Valenciana con los últimos Gobiernos socialistas de la nación, se materializó en choques constantes entre los dos Ejecutivos a raíz de cualquier asunto. Desde el de mayor enjundia, hasta el más baladí.

Fueron dos legislaturas de desencuentros constantes que coincidieron con la reforma del Estatuto de Autonomía, algo que habían pactado los dos grandes partidos y sobre lo que no hubo discursión. Los problemas vinieron después, cuando al calor del Estatuto recién aprobado e impulsado el Consell por el afán autonomista comenzó a desarrollar leyes propias en virtud del deficientemente definido «derecho civil valenciano».

El Estado consideró una intromisión el legislar sobre preceptos que, si algún día estuvieron en el ordenamiento jurídico valenciano, nunca lo estuvieron en forma de «código civil», sino más bien de compendio de costumbres, emanadas muchas ellas, eso sí, de los Fueros.

La Comunitat Valenciana no fue la única que vio recortadas sus ansias legislativas autonomistas. Durante la primera legislatura, el Gobierno de Rodríguez Zapatero planteó veinte impugnaciones a normas de las Comunidades Autónomas, de las que dieciséis fueron recursos de inconstitucionalidad, y cuatro, conflictos de competencia. De las 20 impugnaciones, cuatro fueron contra normas de la Comunitat Valenciana. En la segunda legislatura, Zapatero planteó 24 recursos de inconstitucionalidad y un conflicto de competencias. Seis de las impugnaciones fueron contra normas valencianas.

Una de las normas recurridas fue la Ley de Caza, y el viernes mismo se conoció que el Tribunal Constitucional daba la razón al Gobierno central y -coincidente con la legislación europea- considera la caza con «parany» como ilegal.

Además de ésta, sobre la que ya ha recaído sentencia, el Gobierno de España ha recurrido la Ley del Sector Audiovisual; el acuerdo por el que se paraliza la ampliación de la planta desaladora de La Mata-Torrevieja; la Ley del Régimen Económico Matrimonial; la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera; el decreto ley para la protección del Cabanyal y su correspondiente ley aprobada dos meses después; la Ley de Ordenación de la Función Pública, y la de Custodia Compartida.

El Consell tenía la esperanza de que la llegada de Rajoy al poder supusiera el desistimiento del Estado en estas cuitas, pero hasta la fecha no ha sido así.

Zapatero sí lo hizo, ya que en su primera legislatura desistió de 36 recursos que afectaban a leyes de comunidades autónomas mayoritariamente de signo socialista.

El gobierno de Rajoy ha sido, pues, más consecuente con la razón de Estado, aunque ello no haya gustado mucho al Consell.