Imputadas dos ex altos cargos de Sanidad por la «Gürtel» del PSOE

Dos juzgados de Madrid investigan ya a cargos del Gobierno de Rodríguez Zapatero.

La ex directora general de Consumo y candidata a la Alcaldía de Alicante por el Partido Socialista del Páis Valenciano, Etelvina Andreu, y quien fue subsecretaria de Sanidad y Consumo en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Consuelo Sánchez Naranjo, han sido imputadas por la magistrada de Madrid Carmen Huerta en relacióncon un contrato adjudicado por el Ministerio de Sanidad en 2008 por un total de 184.138 euros a la empresa de comunicación de Crespo Gomar, un empresario vinculado a los socialistas valencianos. Ambas han sido citadas a declarar, en calidad de investigadas, el próximo día 21, por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Ese mismo día también están llamados a comparecer dos componentes de la Mesa de Contratación, mientras que otros seis integrantes del mismo órgano lo harán los próximos días 24 y 30.

De esta forma, la magistrada admite a trámite la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción Número 21 de Valencia e incoa diligencias previas para investigar si en la adjudicación del citado contrato de publicidad se pudieron cometer los dos mencionados delitos.

Esta decisión es similiar a la que adoptó su compañera Mercedes Pérez Barrios la semana pasada, que citó a declarar para el próximo jueves, también en calidad de de investigados, a Rosario G. V. y Sandra S. F, respectivamente, presidenta y secretaria de la Mesa de Contratación, y a José María A. G., interventor. Estas citaciones se producen en el marco de la investigación relativa al concurso de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2010, por importe de 126.208 euros, por los presuntos delitos de prevaricación y/o malversación.

En ambos procedimientos judiciales, las titulares de los juzgados de Instrucción número 43 y 24 de Madrid, Carmen Huerta y Mercedes Pérez Barrios, respectivamente, investigan si esos dos contratos de publicidad se ajustaron a la legalidad y, en ese caso, de dónde procedieron las órdenes para acordar esas designaciones, en las que resultó agraciado el mismo empresario; y, además, si ese dinero fue finalmente a parar a las arcas del PSPV y de su socio de Gobierno en la Generalitat valenciana, Compromís.

Informe de la Intervención

En esos procedimientos, las magistradas investigan los contratos suscritos por dos ministerios gobernados entonces por el PSOE –Vivienda y Sanidad– con la empresa de comunicación de Crespo Gomar, la cual, supuestamente, habría facturado unos servicios al Partido Socialista del País Valenciano y su socio de Gobierno, Compromís, durante la campaña electoral del año 2007, «de cuyo pago se habrían hecho cargo otras empresas y no los destinatarios de los servicios mediante la confección de facturas falsas, coincidentes en sus cuantías con las presentadas por Crespo Gomar».

En el informe que realizó la Intervención General del Estado constató «la existencia de irregularidades prácticamente en la totalidad de los expedientes de contratación» con la empresa de comunicación Crespo Gomar desde el Ayuntamiento de Benidorm en 2010 o los ministerios de Vivienda y Sanidad, en los años 2009 y 2006, respectivamente.

Las dos magistradas admitieron la inhibición planteada por el Juzgado de Instrucción 21 de Valencia, el cual investigaba una presunta financiación irregular del PSPV y Bloc, partido mayoritario de Compromís, en 2007, a través de la empresa de comunicación Crespo Gomar, a la que podrían haber recurrido estos partidos para que, a través de facturas falsas, empresas terceras pagaran gastos de la campaña de 2007. Todo hace indicar que el empresario también declarará.