1.500 cooperativistas del sureste estrenarán casa en El Cañaveral

De los nuevos desarrollos urbanísticos creados en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, los del sureste sin duda son los que más mala suerte han tenido. Comenzaron a formarse más tarde que otros, como Sanchinarro, Las Tablas, Montecarmelo, Vallecas o Carabanchel. Además, muchos cooperativistas sufrieron la estafa de Ofigevi, cuyo gestor, José Miguel Torralbo, está procesado judicialmente por apropiarse indebidamente de las cantidades abonadas para las viviendas y la Junta de Compensación. Después, tuvieron que enfrentarse al rechazo de las aseguradoras que se negaban a cubrir el dinero estafado y, por último, se vieron afectados por la sentencia del Tribunal Supremo de septiembre de 2012 que anulaba los desarrollos urbanísticos. Sin embargo, mientras el Ayuntamiento de Madrid trabajaba contra reloj para resolver los problemas señalados por el Supremo, el Área de Urbanismo también buscó una solución para que, una vez superado el bache de la anulación, las familias que esperaban su vivienda en los desarrollos del sureste pudiesen tener un hogar cuanto antes. Así, la estrategia fue ofrecer a los cooperativistas de los PAU menos desarrollados –Los Ahijones, Valdecarros y Los Berrocales– intercambio de suelo por parcelas municipales en El Cañaveral, en el que se aprobó la simultaneidad para que se pudiesen pedir las licencias de obras al mismo tiempo que se urbanizaba el ámbito. Dicho intercambio no podía considerarse permuta debido a que los suelos del El Cañaveral están listos para construir, mientras que los de los cooperativistas afectados ni siquiera están reparcelados y, además, cuentan con una previsión de cargas futuras por parte de las respectivas Juntas de Compensación. De hecho, en un principio el Área de Urbanismo se planteó una tasa de cambio de 1 metros cuadrado por 15 metros cuadrados, quedando los terrenos que obtuviese el consistorio consignados para su futura venta. Finalmente, en julio se convocó un concurso público sobre 29 parcelas de propiedad municipal situadas en El Cañaveral y destinadas a vivienda protegida, cuyo precio se podía abonar en hasta un 83% con suelo situado en otros ámbitos, pagando el resto de su valor en metálico. Al concurso se podían presentar las cooperativas que tuvieran suelo en los desarrollos del sureste de la capital, que debían formarse entre 2001 y 2005 y estuviesen afectados por la sentencia anulatoria del Supremo. Otra de las condiciones era que las cooperativas debían haber aportado el suelo correspondiente para la urbanización de los ámbitos en sus respectivas Juntas de Compensación antes del 1 de abril de 2011, fecha en la que el Ayuntamiento de Madrid suscribió con las juntas un acuerdo marco para paliar las dificultades económicas de estas a la hora de ejecutar las obras de urbanización en sus correspondientes sectores, debido a los problemas para obtener financiación para la construcción en los años más duros de la crisis económica. A raíz de este acuerdo, el consistorio se planteó también la necesidad de buscar nuevas herramientas para agilizar los PAU y de ahí surgió la posibilidad del desarrollo en etapas –comenzando por las parcelas más cercanas al suelo ya urbanizado–, la simultaneidad en las licencias de urbanización y construcción y también el intercambio de parcelas municipales entre El Cañaveral y el resto de ámbitos. De este modo, al cierre del plazo determinado de dos meses para el concurso público por los suelos de El Cañaveral, las cooperativas presentaron ofertas sobre 18 parcelas, con una edificabilidad de 128.050 metros cuadrados, para la construcción de unas 1.500 viviendas. El importe económico de estos suelos ha sido de 51.184.022 euros y el Ayuntamiento de Madrid quiere resolver el concurso antes de diciembre de este año para que las 1.500 familias afectadas puedan comenzar las obras de edificación de sus respectivas viviendas.

LA RAZÓN adelantó el intercambio de parcelas

Al mismo tiempo que trabajaba para resolver la anulación ejecutada por el Tribunal Supremo, el coordinador general de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras, Juanjo de Gracia, adelantó a LA RAZÓN que estudiaban el intercambio de parcelas para ayudar a los cooperativistas del sureste.