180.000 euros de «multa» a los barrenderos

Hace un año, el Ayuntamiento de la capital puso en marcha el primer contrato integral para la gestión de los servicios de limpieza urbana en Arganzuela, Retiro y Salamanca, y de conservación y limpieza de zonas verdes en este último distrito. Además, se trataba de la prueba piloto del nuevo modelo de contratación de los servicios públicos de la ciudad que, a diferencia del anterior, que primaba los recursos, mide la calidad del resultado mediante unos indicadores que, en caso de incumplirse suponían una penalización en el pago a la empresa gestora. Es decir, si no se cumplía con la calidad, se pagaba menos dinero por el servicio. El resultado ha sido eficaz, puesto que se han impuesto unos 180.000 euros de penalizaciones, que no llega al 1% de descuento sobre el pago total.

Calidad sobre recursos

Hay que recordar que, en los anteriores modelos de contrato, también se inspeccionaba la calidad de los servicios y, en caso de que no se cumpliesen, se imponían diversas sanciones de unos cientos de euros al margen del pago mensual del servicio. En cambio, al anteponer la calidad sobre los recursos, el consistorio pretendía obtener mejores resultados y, a la vez, ahorrar dinero a los madrileños.

Así, los indicadores que la empresa concesionaria debe cumplir incluye la limpieza de aceras y arroyos, alcorques, de pegatinas y carteles, vaciado de papeleras, resolución de puntos negros y estado del equipo. Para comprobar todos estos aspectos, el Ayuntamiento de Madrid realizó 2.288 inspecciones de servicios y 158 comprobaciones de datos, para los que se tomaron 29.592 muestras. El resultado de estas inspecciones arrojó un balance muy positivo para la empresa, puesto que en todos los aspectos superaban el 90% de conformidad.

Inspecciones rutinarias

En concreto, sobre el baldeo mecánico, de los 3.625 servicios realizados en los últimos doce meses, que afectan a más de 31 kilómetros de calles en los tres distritos, el 97,89% cumplía el indicador de calidad. Igualmente, el baldeo mixto (que se realiza con un vehículo y manguera), el 93% de los 8.563 servicios fue correcto. Además, se rozó el 99% de conformidad en los trabajos relacionados con pintadas eliminadas –98,90%– y con recogida de muebles y enseres en menos de tres días –98,10%–.

De este modo, se ha descontado un 0,83% del total del pago mensual, que asciende a aproximadamente 2.175.000 euros, principalmente por pequeños fallos en los indicadores de limpieza de aceras y arroyos y a la tasa de resolución de puntos negros. Sólo en los dos primeros meses de ejecución del contrato –abril y mayo de 2012– se penalizó por las pintadas y en el primer mes, por baldeo mixto y longitud del baldeo. Según fuentes municipales, estos datos confirman el éxito del nuevo contrato integral de servicios a la hora de garantizar su calidad.

A esto se añade que, gracias al nuevo modelo de contrato integral, los madrileños se ahorrarán 236 millones de euros en ocho años, unos 32 millones de euros anuales. Asimismo, esta forma de contratación se integra en el nuevo modelo de gestión de servicios públicos que entrará en vigor el próximo 1 de agosto con cuatro objetivos: asegurar la calidad en los servicios al ciudadano, alcanzar una mayor eficiencia en la contratación y en el control de los servicios, lograr ahorros por sinergias y economías de escala, y racionalizar y reducir el gasto por la gestión unificada de contratos.

El contrato que ha servido como experiencia piloto integraba por primera vez la limpieza urbana de tres distritos a la vez, cuando antes se licitaban por separado, por un total de 22.615.093,86 euros por un plazo de once meses. En total son 5.300.000 metros cuadrados entre aceras y calzadas y afecta a 425.000 habitantes. Además, permite incrementar el personal en caso de emergencias.

Actualmente, se encuentra prorrogado a la espera de que en agosto se licite el nuevo «supercontrato» que integrará la limpieza de toda la ciudad y que presentó el pasado jueves la alcaldesa de la capital, Ana Botella.

Amenaza de huelga de basuras

Los trabajadores del servicio de recogida de basuras anunciaron esta semana la convocatoria de una huelga indefinida tras conocer la intención de la empresa encargada de este servicio, FCC, de realizar un ERE que supondría el despido de 146 personas, el 10% de sus 1.500 empleados. Al respecto, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, afirmó que la «responsabilidad» de la empresa adjudicataria es «mantener el número de trabajadores que consta en los pliegos del contrato». Botella recordó que el contrato «exige una serie de trabajadores y por tanto en ningún caso se puede disminutir el número de trabajadores estando vigente ese contrato». Como ejemplo, la regidora recordó que en 2012, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero obligó a disminutir entre un 10 y un 15% el número de contratos, no se redujo personal.