Acusan a Ginés de cobrar de empresarios de la noche para frenar las inspecciones

El instructor policial, perteneciente a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO), de la presunta trama de corrupción policial en el municipio madrileño de Coslada ha acusado al principal acusado y exjefe del Cuerpo local, Ginés Jiménez Buendía, de cobrar dinero de varios empresarios de la noche madrileña como Miguel Ángel Flores para frenar inspecciones en sus locales a través de sus contactos en la Policía Municipal de Madrid.

Así lo ha explicado el instructor en su declaración ante el juez en la Audiencia Provincial de Madrid, que se ha prolongado durante casi cinco horas, una sesión que ha contado con el testimonio del último de los policías acusados, así como de otros dos agentes de la Policía Nacional que intervinieron en mayor o menor grado en las detenciones.

"Captamos varias conversaciones telefónicas entre Ginés Jiménez y el entonces jefe de la Policía Municipal de Madrid, lo que nos resultó muy sospechoso", ha comenzado narrando el instructor policial, a lo que ha seguido relatando que en estas llamadas "hablaban de inspecciones de locales de la ciudad de Madrid, donde el jefe de Coslada no tenía legitimidad para intervenir".

En los pinchazos telefónicos que se realizaron del móvil personal de Ginés Jiménez también se captaron llamadas con el empresario Miguel Ángel Flores, conocido públicamente por ser el organizador de la fatídica fiesta de Halloween en el Madrid Arena en la que fallecieron varias jóvenes. Entre estas llamadas, el instructor ha asegurado que Flores telefoneó al exjefe policial porque tenía un "problema"en un cine, y Ginés "le dijo que iba a mandar una patrulla hacia allá".

"Ginés Jiménez protegía a la noche madrileña, le pagaban por parar esas inspecciones moviendo sus hilos", ha afirmado rotundamente el instructor policial, quien ha negado que el exjefe policial fuera "el principal objetivo de la investigación", aunque sí lo ha acusado de "colocar a determinados grupos criminales en locales de Madrid". Esto, siempre según el instructor, se habría trasladado en intermediaciones para "colocar a porteros e influir en la seguridad de estas discotecas".

Por otra parte, y centrados en el procedimiento, el instructor policial del caso ha mantenido que tanto Ginés Jiménez como el resto de policías mantenían relaciones sexuales gratuitas con prostitutas, tanto en el Polígono de Vicálvaro como en clubs de la localidad de Coslada. "Estos propietarios, además, tenían que ir al despacho del exjefe policial a pagar para que no se lo cerraran", ha apostillado.

En este sentido, ha remarcado que la propietaria del bar La Caleta, una de las testigos más importantes de la causa para incriminar a Ginés Jiménez Buendía, y que habría sido encañonada en la cabeza por éste, le tenía "pánico". "Después de lo que pasó tuvo una depresión tremenda, una vida muy mala. Se ha tenido que ir de Coslada", ha recordado el mando de la UDYCO, en referencia a esas supuestas extorsiones a locales para que abonaran una cuota para obtener licencias de apertura o terraza.

"Había una distinción en el trato con respecto a los locales que pagaban y los que no", ha defendido el instructor, que ha continuado explicando que cinco de estos supuestos extorsionados han tenido que abandonar su vida profesional o personal en el municipio madrileño.

El instructor policial ha reiterado que toda la causa comenzó con las denuncias ante la Fiscalía del Área de Alcalá de Henares de varias prostitutas rumanas del Polígono de Vicálvaro. Éstas, supuestamente, eran amenazadas por un paisano que les pedía unos 150 euros mensuales. Además, las prostitutas eran protegidas, siempre de acuerdo con la acusación, por uno de los policías locales de Coslada. A raíz de esto se pinchó el teléfono a este último.

Las defensas de los acusados coinciden en acusar a la UDYCO de instigar la declaración de estas prostitutas ofreciéndoles privilegios como la nacionalidad española, un extremo que el instructor policial ha negado rotundamente: "Declararon de forma honesta y voluntaria. Estaban muy asustadas por las amenazas, por eso pidieron amparo y protección para testificar".

En esta línea, el instructor policial ha acusado a los agentes municipales de mantener relaciones "gratis por su condición de policías", aunque habrían dejado de ir "cuando tuvieron el conocimiento de que estaban siendo investigados".

"En el polígono eran unas 15, en condiciones de legalidad porque, aunque aún no tenían DNI, en 2007 ya no se expulsaba a los ciudadanos rumanos de España -Rumanía no entró en la Unión Europea hasta 2008--", ha puntualizado, para acto seguido añadir que hablaban español, y a las que no, "se les puso un intérprete".

El último de los policías locales que faltaba por declarar lo ha hecho en primer lugar y solo a preguntas de su abogado. En la misma ha contado que su detención fue "más bien un secuestro". Esta afirmación la argumenta en que los agentes detenidos estuvieron unas 14 horas en la calle mientras se realizaban distintas diligencias en la localidad, "teniendo que mear en la pared, sin beber y sin comer". "Fue demoledor", ha lamentado.

En otro orden de cosas, este agente municipal ha reiterado, al igual que ya hicieran sus compañeros en sus declaraciones, que la UDYCO les presionó para que incriminaran a Ginés Jiménez: "Tus compañeros han declarado muy bien y han salido libres. Ya sabes que tu jefe es el culpable".

El instructor policial, sin embargo, ha negado tales circunstancias y ha remarcado que, de hecho, varios agentes les dieron las gracias por el "trato recibido, incluso Ginés lo hizo". "No se presionó ni a los policías ni a las testigos protegidas", ha afirmado, para concluir que los agentes estuvieron detenidos en esas condiciones porque "no daban abasto". "Faltaron operativos y suspendimos algunos registros porque no había tiempo material. No hubo animadversión, en absoluto", ha destacado.

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