Ahora Madrid gasta 20.000 euros en una consulta ciudadana en Carabanchel

La concejala Esther Gómez contrató una empresa a la que pagó casi 5.000 euros por cuatro reuniones celebradas en centros municipales

¿Qué hacer con el solar del antiguo Mercado de Puerta Bonita? Por hacerse esta pregunta y recoger las respuestas de sus vecinos la Junta del Distrito de Carabanchel, del Ayuntamiento de Madrid, se ha gastado 19.166,40 euros. A pesar de que Manuela Carmena creó una concejalía específica de Participación Ciudadana –que en 2016 tuvo un presupuesto propio de casi 36 millones de euros y que para este año quiere aumentarlo en más de un 10%–, los ediles de las juntas de distrito también están gastando por su cuenta parte de su presupuesto en procesos participativos que, en el caso de Carabanchel, se han pagado a razón de casi 5.000 euros por cada encuentro o taller en el que se materializan las propuestas vecinales.

La concejala presidenta del distrito, Esther Goméz, contrató a la empresa «The Archipiélago» en diciembre y según ha podido saber LA RAZÓN pagó por sus servicios cerca de 20.000 euros. Gómez abrió este proceso participativo para que los vecinos decidiesen qué uso querían darle al solar del antiguo Mercado de Puerta Bonita. Ya fue llamativo que Gómez realizara esta consulta después de que se aprobara en el Pleno del 4 de febrero del pasado año a propuesta del PSOE destinarlo a un centro polivalente que además iba a alojar las oficinas de Línea Madrid. A la concejala Esther Gómez no debió de gustarle el resultado de la votación y decidió ignorar este acuerdo plenario y afirmar que en el solar se debían construir viviendas sociales. Tras esto, Gómez anunció un proceso participativo que encarga a una empresa privada y dice que el resultado de estos encuentros y actividades será el punto de partida para un nuevo proyecto: «Son los vecinos y vecinas de Carabanchel los que conocen de primera mano su entorno, por lo que el Ayuntamiento de Madrid volverá a dar la voz a la gente», afirmó Gómez. Para Álvaro González, concejal del PP en el distrito, «esta consulta al final lo que busca es cambiar el resultado de una votación en el Pleno». Y recuerda que «les guste o no, la nuestra es una democracia representativa».

El proceso contratado por Gómez consistió en cuatro reuniones: dos encuentros abiertos y dos talleres, de una hora y media aproximada cada uno, en los que participaron cerca de 20 vecinos, por los que los madrileños hemos abonado casi 5.000 euros cada uno. Se celebraron en diciembre, los días 2, 3, 12 y 13, en los centros culturales de San Francisco La Prensa y en el de Oporto, por lo que la empresa adjudicataria no tuvo siquiera que gastar en un local para organizarlo y se facturaron el 29 de ese mes.

«No se puede comprender cómo en un barrio en el que no se ha invertido ni un euro en asfaltar o arreglar aceras se paguen 20.000 euros por una consulta ciudadana sobre un solar para el que ya habíamos llegado a un acuerdo en el Pleno», se queja el edil del PP.

Estas reuniones las dirigieron varias personas que, según ha podido saber este periódico, nunca se identificaron como organizadores de la empresa contratada. «La gente que estábamos allí creíamos que era personal del Ayuntamiento porque como además se celebraban en centros culturales municipales, no pensamos que era una empresa privada», dicen los presentes. Según explicaron desde el Ayuntamiento, el personal estaba compuesto por «mediadores» que «ayudaron a mantener un equilibrio entre el logro de objetivos, las personas implicadas y el propio proceso». Así, según se hizo público en estas reuniones, los «mediadores» cobraron por «exponer la información disponible para hacer comprensibles los límites de este proceso y buscar posteriormente las claves que deben guiar el desarrollo posterior del proyecto». Para Álvaro González, «este trabajo lo podían haber hecho técnicos del ayuntamiento y haber destinado esos 20.000 euros a mejorar el distrito».

Un solar para el que ya había un proyecto acordado

De la consulta ciudadana realizada en Carabanchel en diciembre no sólo llama la atención la partida presupuestaria de 20.000 euros que se destinó a llevarla a cabo. Casi lo que más sorprende es que todos los partidos de la Junta Municipal acordaron por unanimidad que se convirtiera en un equipamiento polivalente para el barrio. Sin embargo, al poco tiempo la concejala de Ahora Madrid, Esther Gómez, afirmó su deseo de construir allí viviendas sociales. Posteriormente anunció la consulta ciudadana.