El precio de las placas de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado hoy a cambiar el nombre de las calles con reminiscencias franquistas, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que desestimaba las medidas cautelares solicitadas por la Fundación Francisco Franco.

Eduardo nos enseña las cartas que los clientes del Bar Selva encuentran al entrar a su local. «Calle General Millán Astray, 58», puede leerse. «Precisamente nos llegaron nuevas ayer. Han sido 50 euros. Ahora toca cambiarlas otra vez», afirma. Concretamente, deberán poner «Maestra Justa Freire, 58». «Los operarios han llegado sobre las 11:30. Se han subido, se han bajado... no han sido más de cinco minutos. No habían avisado de que venían. Y tampoco se han puesto en contacto con nosotros para ver cómo tenemos que hacer la nueva documentación», añade.

Así ha comenzado el día en esta calle del distrito de Latina. Una señal horizontal, en fondo verde, en una pequeña glorieta aledaña, era la única referencia que podía encontrarse al general Millán Astray. El nombre del fundador de la Legión ha sido el primero. Después le ha seguido el del general García de la Herrán, uno de los sublevados en el Madrid del 36. No han sido los únicos. A lo largo de ayer, le han ido siguiendo otros tantos. Y así será durante los «próximos días» hasta completar las placas de 49 calles que el Ayuntamiento de Ahora Madrid retira en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Después de que la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimara la semana pasada la suspensión solicitada por la Fundación Francisco Franco, el Consistorio de Manuela Carmena ha comenzado a «rebautizar» el callejero. Como confirman fuentes consistoriales a LA RAZÓN, sólo tres calles de las 52 previstas escapan por el momento: Caídos de la División Azul, rechazada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8; General Asensio Cabanillas, pendiente de un recurso del TSJM, y la Glorieta Cirilo Martín, a la espera también de recurso.

¿Quién se lo va a pagar a estos madrileños? La pregunta la lanzaba ayer Ciudadanos en boca de Begoña Villacís. «Si hay una sentencia que dice hacia delante, pues adelante», afirmó la portavoz de C’s. Pero también recordó que hay comerciantes y vecinos con tarjetas, bolsas y DNI con la ya pasada nomenclatura, por lo que sería necesario alguna compensación económica. Hay que recordar que, en su día, el Ayuntamiento de Manuela Carmena cifró el coste de cambiar el callejero en 60.000 euros. Sin embargo, fue Ciudadanos quien indicó que esta cantidad sólo la constitutían los cambios de placa y subió la cifra a los seis millones, situando el grueso del coste en los documentos de identificación.

Uno de los que no espera compensación es Ángel Riego. Nadie ha contactado con él, ni para avisarle del cambio ni para decirle qué pasos administrativos debe dar para «ajustar» su negocio a la nueva dirección. Es dueño de la Cervecería La Pradera de Nicolás. Nos enseña las tarjetas: Calle del General Millán Astray, 22. Afirma que el nombre del general, que podía leerse en la anterior placa de la fachada de su bar, ya había sido tachado por desconocidos. «Llevo 50 años viviendo aquí. Este bar lleva más de 30. Esto no es ni medio lógico. Esta zona es una colonia militar, la mayoría ya jubilados. El barrio, en un 50%, es gente mayor de más de 70 años. Mi madre tiene 85 y nadie le ha dicho que el nombre ha cambiado. Confundes a la gente mayor», relata.

«Una vez, que cogí un taxi, le dije el nombre de la calle al conductor. Y se puso furioso: “¡Ése no es ningún general! ¡Tienen que quitarlo!”», recuerda Asmaa, dueña de una frutería en la conflictiva calle, que ahora deberá contactar con Mercamadrid e iniciar los trámites para cambiar la dirección de las facturas. «No me parece que haya que destinar el dinero a esas chorradas», afirma por su parte Rebeca, que tiene un centro de estética. «Soy la primera que dice no al fascismo, pero hay que gastar el dinero en lo que hace falta. Las ayudas de la dependencia para mi padre nos las concedieron cuando llevaba muerto tres años», recuerda.

Con todo, la última «batalla» de Millán Astray está abierta. La plataforma que lleva su nombre anunció su denuncia a la alcaldesa ante la Policía Nacional por un presunto delito de odio «contra el colectivo de legionarios», así como por prevaricación por «la retirada de las placas». Y es que, como afirma a este diario Guillermo Rocafort, secretario de la plataforma, «en un plazo de uno a tres meses podrían verse obligados a restituir el nombre». Sobre la mesa del Juzgado número 7 hay un recurso de la plataforma, dentro de un proceso «que se encuentra en su fase final». Además, un ciudadano acaba de poner un segundo contencioso administrativo contra la medida aprobada por el Pleno del Ayuntamiento.