Las “casas rojas” de Majadahonda, libres de okupas

En los pisos residían 27 familias con 20 menores

Los okupas han sacado sus pertenencias de las viviendas
Los okupas han sacado sus pertenencias de las viviendas

Este lunes se ha producido el desalojo de las viviendas okupadas de las 'Casas rojas' de Majadahonda, en las que residían 27 familias, con 20 menores a su cargo.

Las 27 familias que llevaban okupando ocho años las “casas rojas” en la localidad de Majadahonda fueron ayer desalojados por los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se personaron en el lugar cumpliendo así la diligencia de ordenación emitida por el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Majadahonda.

El desalojo, que llegó tras dos órdenes de desahucio previas, se desarrolló en medio de un gran dispositivo de seguridad y transcurrió sin incidentes reseñables. De acuerdo con el abogado de las familias, José Manuel Barroso, las familias abandonaron sus viviendas “voluntariamente”, aunque también reconoció que en el transcurso del mismo hubo “momentos tensos”.

Los edificios, situados en los números 6 y 8 de la calle Neptuno, se encontraban vacíos y no tenían licencia de primera ocupación al incumplir el número de alturas permitido en el Plan de Urbanismo de la localidad. Así, desde 2009 varias familias, alejadas del estereotipo clásico de okupa, fueron estableciéndose en estas viviendas -sin agua corriente, ni luz-. Según el abogado de los “inquilinos”, la ocupación se produjo “por motivos de necesidad” y fue consentida por el propietario del inmueble. Así, para el letrado, el abandono por parte de las familias de las “casas rojas”, es una “situación triste”. Barroso también subrayó que la empresa propietaria de los edificios tiene “una deuda tributaria de 600.00 euros” a la que, sumándole recargos e intereses, “alcanza el millón de euros”. Una cantidad que, de acuerdo con la opinión del abogado “el Ayuntamiento está perdonando a los constructores”.

Hasta el lugar de los hechos, se desplazaron varios miembros destacados del espectro político de izquierdas. Rafael Mayoral, secretario de Relación con la Sociedad Civil y Movimientos Sociales de Podemos, señaló que, en su opinión, el desalojo es “una diligencia judicial que no cumple los mínimos estándares de derechos humanos y se tiene que suspender”. Sol Sánchez, diputada de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados también mostró su apoyo a las familias.

Tras el desahucio, hay siete familias con menores a su cargo a las que el Ayuntamiento de Majadahonda ya ha notificado que realojará de manera provisional durante dos semanas. Una medida que no ha sentado bien a los ya ex-okupas, ya que dicen que “Narciso de Foxá -el alcalde- les ofrece “una mísera semana en un hostal”. Además, los vecinos desalojados anunciaron a través de su cuenta en la red social “Twitter” su intención de “gestionar su inmediata ubicación y proseguir la lucha por otros cauces”.