Carmena lleva las exigencias de Hacienda a los tribunales

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá judicialmente la inmovilización de 238 millones por haber incumplido la regla de gasto de Montoro

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

El Ayuntamiento de Madrid recurrirá judicialmente la inmovilización de 238 millones por haber incumplido la regla de gasto de Montoro.

Desde que presentaron el proyecto de presupuestos para 2017 en el Ayuntamiento de Madrid, las cuentas municipales se han convertido en un sainete en el que no faltan idas y venidas, contradicciones y vueltas a empezar. Primero porque el proyecto incumplía de inicio las reglas de gasto del Ministerio de Hacienda. Después porque el PSOE, inmerso en una crisis federal, amagó con retirar su apoyo a la regidora, Manuela Carmena, y forzó una prórroga del presupuesto del año anterior hasta que en febrero dieron el sí al de 2017.

La historia continúa con el doble rechazo del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los dos planes económicos financieros (PEF) que el equipo de Carmena, con Carlos Sánchez-Mato al frente, presentó para ajustar las cuentas municipales a lo que exige la ley, después de que se inmovilizarán 238,8 millones de euros por haber incumplido las reglas de gasto en el ejercicio anterior. Un detraimento que desmantela el presupuesto de 2017, especialmente en lo que respecta a la inversiones.

Entonces estalló una guerra en el seno de Ahora Madrid, con Sánchez-Mato bramando contra Hacienda y Carmena reuniéndose, por otro lado, con Montoro para tratar de llegar a un acuerdo sobre la inmovilización de 238,8 millones de euros. Pero en el Ministerio no se fían del consistorio madrileño, que ha incumplido sistemáticamente el cierre de cada ejercicio –el de 2015 obligó a hacer un PEF por 17 millones de superación de la regla de gasto–, y el pasado lunes se cerró en banda a las propuestas municipales, pese a que ya se había dado un primer paso para inmovilizar 13,3 millones de euros.

El último capítulo del que ayer calificó la concejala socialista Erika Rodríguez de «culebrón» con Hacienda, se vivió de una forma casi esquizofrénica en el Palacio de Cibeles y en la Casa de Cisneros, donde se celebraba una comisión extraordinaria de Hacienda. Así, a primera hora de la mañana el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que presentará un recurso judicial contra la exigencia del Ministerio de Hacienda para que el consistorio inmovilice 238 millones de euros por haber incumplido la regla de gasto en 2016. Y, a mediodía, la comisión extraordinaria aprobaba con los votos de Ahora Madrid y la abstención del resto de grupos municipales –PP, PSOE y Cs–, la no disponibilidad (inmovilización), de otros 63,8 millones de euros para cumplir con Hacienda.

Jeckyll y Hyde

El cruce de declaraciones sobre uno y otro tema es digno de mención. Mientras Ahora Madrid afirmaba en un comunicado que «usaremos todos los recursos políticos, jurídicos y administrativos para defender a Madrid y su ciudadanía del bloqueo de los recursos y los recortes de los derechos», Sánchez-Mato explicaba que «cumpliremos con la Ley de Estabilidad Financiera y sin que esto suponga recortar». Todo ello pese a que los primeros 14 millones inmovilizados parten del remanente de tesorería del ejercicio anterior, en lugar de dedicar esa cantidad a la Inversiones Financieramente Sostenibles tal y como permite la ley.

Una actitud del edil de la Hacienda Municipal que desde el PP, el portavoz adjunto Íñigo Henríquez de Luna, calificó de «Jeckyll y Hyde» porque un día llega a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda y al siguiente lo incumple. «Es una tomadura de pelo, no es serio traer el acuerdo de no disponibilidad en cómodos plazos», criticó. Del mismo modo, la edil socialista protestó porque inmovilizar «por parches, por trocitos», impide calcular el impacto total de los cambios en el presupuesto de 2017, así como las partidas que se verán disminuidas debido a las retenciones.