El Ayuntamiento embarga a la Comunidad

Ahora Madrid denuncia que la administración regional debe al consistorio 171 millones que generó el embargo de bienes por 26 millones.

Más allá de la cómplice imagen que Cristina Cifuentes y Manuela Carmena protagonizaron la pasada semana al pasear del brazo a la salida de un almuerzo de trabajo, sus gobiernos mantienen varios frentes abiertos. Entre ellos, la reclamación por parte del consistorio de la capital de una deuda de 171 millones de euros a la administración regional. El delegado de Economía y Hacienda de Carmena, Carlos Sánchez Mato, volvió a insistir ayer en ello: «Los datos son palmarios. Esa deuda existe, lo decía Ana Botella y a ella no se le acusó de mentir». Como consecuencia de esta deuda, el Ayuntamiento mantiene embargados bienes de la Comunidad de Madrid por valor de 26,5 millones, en su mayoría fincas. Sánchez Mato trató de explicar que la reclamación de este dinero y los embargos derivados de ella –que corresponden por valor de 14 millones a bienes patrimoniales y otros 12,5 millones a pisos del Ivima– no responden a una confrontación entre partidos políticos. De hecho, Sánchez Mato quiso subrayar que estos terrenos e inmuebles ya estaban embargados: «A este equipo no le ha dado tiempo a embargar, nos hemos querido dar un plazo para que haya diálogo institucional que permita que se resuelvan de otra manera los conflictos pero parece que la Comunidad responde a la mano tendida a veces con mordiscos», concluyó el miembro de Izquierda Unida.

En el Ejecutivo de Cristina Cifuentes la noticia fue toda una sorpresa, sobre todo porque, según explicaron fuentes regionales, nadie del equipo de Carmena se ha dirigido formalmente al de la Puerta del Sol para tratar este asunto. Así, tras dar la bienvenida al diálogo a Sánchez Mato, la consejera de Economía y Hacienda le instó «a practicarlo en las reuniones que ambas administraciones ya celebran, y no en declaraciones grandilocuentes ante los medios de comunicación». En lo que se refiere al asunto que abre una nueva polémica entre ambas administraciones, Engracia Hidalgo indicó que la deuda que reclama Cibeles se refiere a la tasa de depósito de vehículos que «el Tribunal Superior de Justicia de Madrid primero, y el Tribunal Supremo después, han declarado nula».

Según la titular de la Hacienda regional, las deudas entre administraciones forman parte de la normalidad institucional «y se resuelven generalmente por el método de la compensación de deudas» entre las mismas. «De los 171 millones que reclama el Ayuntamiento, más de 140 corresponden a reclamaciones sobre las que la Comunidad de Madrid ya ha manifestado y probado su discrepancia», añadió en un comunicado. En concreto, en la Puerta del Sol aseguran que los 120 millones de la tasa por depósito de vehículos quedaron anulados en una sentencia del TSJ de 2009 –sobre la que la Comunidad interpuso un recurso– y otra del Supremo de 2012. Sin embargo, según el concejal, los 120 millones acumulados entre 2008 y 2012 son deuda viva, y, por tanto, la Comunidad debe hacer frente a su pago.

Sobre los 12 millones de plusvalía que también reclama Sánchez Mato, la Comunidad manifesta que se corresponde con la venta de viviendas sociales del Ivima en favor de las familias adjudicatarias. Por otra parte, de los 26 millones que exigen por IBI, 10 se corresponden según el Gobieno de Cifuentes a deudas de edificios administrativos de la Comunidad de Madrid y sedes de juzgados sobre los que se ha solicitado un aplazamiento y fraccionado al Ayuntamiento. Los 8 millones restantes, explicaron, corresponden a deudas del SERMAS por los hospitales públicos que también han sido impugnados en los tribunales.

Según los cálculos de la Agencia Tributaria de la ciudad de Madrid, la administración regional es el principal deudor. De los 226 millones de euros que le deben al ayuntamiento distintos organismos oficiales, 171,5 millones corresponden al Ejecutivo que presidente Cifuentes.