El ex alcalde de Serranillos usó su cargo para ayudar a su suegro días antes de su detención

Amenazó a un guardia civil para que «arreglara» un asunto de tráfico relacionado con su suegro.

Una semana después de su detención en el marco de la «operación Púnica», le pillaron sacando documentos del Ayuntamiento que gobernaba. Volvió a ser detenido y el instructor del caso le envió esta vez a prisión provisional bajo una fianza eludible de 60.000 euros que, al cierre de esta edición, no había logrado reunir. No hacía mucho que el ya ex alcalde de Serranillos del Valle Antonio Sánchez había declarado en sede judicial: sólo diez días antes. El juicio se celebró el pasado 16 de octubre casualmente en el «epicentro» de «Púnica» por ser el «cortijo» de los cabecillas de la trama: Valdemoro. El que fuera primer edil de Serranillos entró como testigo a un juicio de su suegro, pero salió con unas diligencias abiertas por presunto tráfico de influencias, según denunció ayer la Asociación Unificada de la Guardia Civil de Madrid (AUGC).

Los hechos ocurrieron el pasado mes de febrero, cuando en un control de identificación de vehículos en la A-42, a la altura de Torrejón de la Calzada, el suegro de Antonio Sánchez hizo caso omiso a las indicaciones de un agente, por lo que se procedió a identificarle. Según consta en la denuncia, el conductor realizó comentarios ofensivos hacia el agente, por lo que se le informó de que iba a ser denunciado por desorden en vía pública. Por su parte, el suegro del ex alcalde también decidió denunciar al agente por amenazas e injurias, extremo que no pudo ser demostrado en el juicio. Ante este incidente, el ex regidor de Serranillos quiso «ayudar» a su familiar: tiró de agenda y llamó a la Guardia Civil del Puesto de Valdemoro. Además, en su llamada, amenazó con llegar más alto (al coronel jefe de la Comandancia de Madrid) si no le hacían caso. Sin embargo, la jugada no le salió bien y el intento de trato de favor fue puesto en conocimiento del juez.

En el informe que el comandante alférez del Puesto de Valdemoro remite al juzgado, éste hace constar que dos días después de los hechos Antonio Sánchez le llama a su móvil particular y se identifica como el alcalde de Serranillos «al objeto de aclarar y trasladar el malestar de su suegro por la actuación de la patrulla». El ex alcalde pregunta al alférez «si se puede arreglar, y que de no ser así le dice que se iba a poner en contacto con el Coronel Jefe de la Comandancia de Madrid, de quien dijo ser muy amigo, para exponerle lo sucedido», según consta en el escrito remitido al juzgado. En el juicio celebrado en Valdemoro por este cruce de denuncias el pasado 16 de octubre, el agente, representado por la AUGC, es absuelto de cualquier falta. Antonio Sánchez acude como testigo de su suegro en el proceso y reconoce en su declaración haber llamado al alférez de Valdemoro. Todo esto, unido a su condición de pareja sentimental de la hija del conductor, hizo que el juzgado no diera veracidad a su testimonio y, según recoge la sentencia, además deduce testimonio de la llamada del entonces alcalde al alférez, en la que se podría haber cometido un posible ilícito penal, en este caso el tipificado como tráfico de influencias.

Desde la AUGC quieren denunciar las prácticas de aquellos que detectan un cargo público electo, a los que se les supone que deben tener una actitud ejemplar. «Los guardias civiles no pueden hacer distinciones entre los ciudadanos a la hora de sancionar, pues se aplica el principio de igualdad ante la Ley. AUGC seguirá denunciando este tipo de prácticas que sólo buscan amedrentar a los agentes en el ejercicio de sus funciones y menoscabar su autoridad para hacer cumplir las leyes», aseguran desde la asociación.