El fiscal pide menos de un año de cárcel por víctima para Flores

El fiscal pide 4 años de prisión para el empresario Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave en el caso Madrid Arena, en el que fallecieron cinco jóvenes en una fiesta de Halloween en 2012, según las conclusiones provisionales hechas públicas.

Cuatro años de cárcel para Miguel Ángel Flores por las cinco muertes producidas en el Madrid Arena durante la fiesta de Halloween, en la madrugada del uno de noviembre de 2012, o, lo que es lo mismo, algo menos de diez meses de prisión por cada uno de los cinco homicidios imprudente de los que le acusa. Ésta es la petición que realiza la Fiscalía de Madrid en su escrito de conclusiones provisionales respecto al principal imputado y responsable del evento, además de seis años de inhabilitación especial para ejercer como empresario u organizador de todo tipo de espectáculo. Para los otros once acusados de esos mismos delitos solicita una pena de tres años de prisión para cada uno de ellos, al considerarles coautores de esos mismos delitos, mientras que para los doctores Salvador Viñals y su hijo Carlos, encargados de la «enfermería», reclama dos años y medio de prisión por dos delitos de homicidios por imprudencia grave profesional, relacionados con los fallecimientos de las jóvenes Rocío Oña y Katia Esteban, e inhabilitación durante seis años para ejercer la profesión de médico.

El Ministerio Público pide, en cambio, que se decrete el sobreseimiento provisional respecto a Emilio Monteagudo, ex jefe de la Policía Municipal de Madrid, y José Luis Rodríguez Caamaño, coordinador general de Madridec, la empresa del Ayuntamiento de Madrid encargada de gestionar el recinto. En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía pide que los procesados indemnicen de forma conjunta y solidaria a los padres de cuatro de las jóvenes que perdieron la vida esa trágica noche con 173.990 euros por el daño moral, y a sus hermanos, con cantidades de 164.500 euros como máximo. En el caso de los familiares de Rocío Oña, se pide que se indemnice a los padres con 243.587 euros.

La Fiscalía no tiene dudas de que fue el desmesurado afán de enriquecimiento de Flores lo que llevó a vender más entradas para ese evento de las que estaba autorizado, y que esa aglomeración, unida a otra serie de fallos en cadena, fue lo que llevó al fatal desenlace: «Movido por un claro ánimo de enriquecerse, con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado que le eran exigibles por su condición de empresario dedicado al mundo del espectáculo, y conocedor de que el aforo por plantas autorizado por Madridec era de 10.620 personas, vendió un mínimo de 22.800 entradas, siendo fácilmente previsible que con ello se iba a sobrepasar la capacidad máxima del recinto, con el consiguiente riesgo para los asistentes a la fiesta».

Las puertas del Madrid Arena se abrieron poco antes de las once y media de la noche y los asistentes tenían que pasar por tres controles. Sin embargo, a partir de las dos de la madrugada se fue «flexibilizando de forma progresiva» ese control «hasta producirse un absoluto descontrol, al permitirse a los asistentes entrar libremente, sin supervisión de ningún tipo, ni entrega de entrada alguna». Junto a ello, Francisco del Amo, coordinador de Eventos de Madridec; Santiago Rojo, director general de Diviertt –empresa de Flores– y Miguel Ángel Morcillo, jefe de personal de la citada empresa, de acuerdo con el principal imputado y con la intención de que entrara el mayor número de personas posibles al recinto, incumplieron la obligación de controlar debidamente el acceso al igual que con las «vías de evacuación», es decir, la mayoría de los vomitorios permanecieron cerrados.

Con esa actuación, afirma el fiscal, «era previsible que se pudiera ocasionar el resultado que finalmente se materializó». Al permanecer cerrados la mayoría de esos vomitorios, cuando según el Plan de Autoprotección debían permanecer abiertos, se fueron formando «avalanchas» de jóvenes en puntos concretos, hasta que se generó una «auténtica marea humana, en la que, en el intento respectivo de los asistentes de salir y entrar en la pista, se produjeron pisotones y caídas de unos encima de otros, hasta formarse, en pocos segundos, una gran montaña de personas atrapadas». Algunos de los jóvenes que habían acudido al acto estuvieron «atrapados» durante 20 minutos. Los acusados no habían previsto ningún plan de actuación ante la posibilidad de que se pudiese originar una situación así.

Ese «aplastamiento» fue lo que ocasionó las muertes de las cinco jóvenes. Sobre este hecho, el fiscal acusa a los doctores Simón y Carlos Viñals de haber actuado de forma imprudente una vez fueron rescatadas Rocío Oña y Cristina Arce, respecto a las cuales, y tras una «brevísima verificación de las funciones respiratorias y circulatorias», no fueron capaces de reconocer que estaban en situación de parada cardiorrespiratoria, «y, enseguida, diagnosticaron erróneamente que estaban fallecidas». No utilizaron el desfibrilador, «faltando a las normas más elementales de la asistencia médica y sanitaria que tenían obligación de conocer». Además, no dieron ningún tipo de instrucción para la asistencia de Katia Esteban, «tomando la iniciativa y control de la misma los dos técnicos de ambulancia». Belén Langdon y María Teresa Alonso fueron rescatadas de la avalancha y trasladadas a centros hospitalarios, donde fallecieron el 3 y el 29 de noviembre, respectivamente.

Estos hechos son calificados por la Fiscalía como constitutivos de cinco delitos de homicidio por imprudencia grave, de los que acusa como coautores a Flores y a otros 11 imputados, y de dos delitos de homicidio grave profesional, por la actuación de los dos citados médicos.

Cronología en los tribunales del Madrid Arena

XI-2012

Una semana después de la tragedia, el juez imputó a los responsables de la fiesta y tomó declaración a Flores.

XII-2012

Inspección ocular del recinto. Detienen a Flores y le imponen una fianza de 200.000 euros para evitar la cárcel.

VII-2014

Las faltas de Flores a su obligación de presentarse al juzgado hacen que su fianza suba en 100.000 euros.

IX-2014

El juez presenta el auto de transformación en el que imputa a 16 personas, entre ellas el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo.

X-2014

Los letrados de las familias piden cuatro años de cárcel para los principales encausados y la acusación particular, 20 años de prisión para Flores. La Fiscalía sólo pide la máxima condena para Flores y rebaja a 3 años –2,5 para los Viñals– las penas del resto de imputados.