El Monopoly de Carmena: una funeraria con grietas

El Ayuntamiento de Madrid recuperará la concesión de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios, que expira en 2016.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, continúa con su Monopoly de remunicipalizaciones sumando propiedades –menos las que va a ceder a los okupas– a la gestión del consistorio madrileño. Después de posponer la de la recogida de basuras al próximo año y mantener en la recámara, por la dificultad jurídica que entraña, la del servicio de limpieza, ahora aprovechará que en 2016 expira la concesión de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid EMSFM para recuperar la gestión cien por cien municipal.

El servicio de exequias se transformó en una empresa mixta en 1992 tras la concesión por parte del equipo de Gobierno de José María Álvarez del Manzano a la empresa Funespaña por 100 pesetas, concesión que fue considerada por los tribunales en 2008 opaca y perjudicial para los intereses públicos. Es por ello que, según anunciaron ayer los concejales de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, y Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, el consistorio recuperará la gestión directa de los servicios funerarios y de cementerios para «velar por una adecuada prestación de los mismos para toda la ciudadanía, la sostenibilidad financiera y la eficiencia».

La decisión, que ha sido comunicada al Consejo de Administración de la EMSFM a los socios de Funespaña –participada en un 81% por la aseguradora Mapfre– supone la reversión de todos los activos y pasivos de la Empresa Mixta al consistorio madrileño, incluyendo todos los cementerios y tanatorios, entre otros, que forman el patrimonio de la EMSFM. Camposantos que, en algunos casos como en el de la Almudena –la mayor necrópolis de Europa–, se encuentra en un estado de conservación muy deficiente en algunos puntos.

El motivo de dichos deterioros que alcanzan la necesidad de apuntalar nichos ocupados para que no se derrumben y se desparrame su contenido, está en el contrato, en el que se especificaban las inversiones que la empresa concesionaria debía realizar durante la duración del mismo y que, según explicaron fuentes conocedoras del mismo, «eran deficitarias desde el inicio».

De modo que pese a que «todas las inversiones previstas se han cumplido a rajatabla», éstas no han sido suficientes para mantener el patrimonio en condiciones adecuadas. Las mismas fuentes calcularon que el 49% del beneficio que el Ayuntamiento de Madrid recuperará con la extinción de la sociedad mixta tendrá que ser reinvertido en mejoras en los cementerios y tanatorios.

A esto hay que añadir el problema que supone la rehabilitación de los camposantos, ya que el consistorio sólo puede intervenir en las infraestructuras de su propiedad y hay muchas tumbas, panteones y estatuas que están en manos privadas y cuya conservación corresponde a los propietarios. De hecho, en marzo de este año se elaboró un informe sobre la situación del cementerio de la Almudena para abordar la posibilidad de crear itinerarios turísticos como hay en otras capitales europeas, como en el de Montmartre de París.

Igualmente, la primavera pasada se inició un informe más amplio en el que se analizaba el estado de conservación de los inmuebles e instalaciones de la EMSFM de cara a la extinción de la sociedad mixta. En dicho informe, que aún está en proceso de elaboración, ya se han detectado las deficiencias de algunos de los cementerios municipales que deberán ser reparadas. El resultado de este análisis formará parte de la memoria justificativa que se elevará al Pleno junto con los informes sobre el coste del servicio y del interventor, que valorará la sostenibilidad financiera de la propuesta, que deberán refrendar los grupos.

El 16 de septiembre de 2016 expira la concesión de la empresa mixta y el consistorio quedará como «dueño absoluto, en pleno y exclusivo dominio de todos los bienes de la sociedad y careciendo los restantes accionistas del derecho a participar de la cuota de liquidación de aquella», detalló Sánchez Mato. Sin embargo, fuentes de las aseguradoras señalaron la posibilidad de reclamar hasta 50 millones de euros de los beneficios no repartidos en la empresa. De hecho, durante todo el verano han estado negociando con Carmena las posibilidades de evitar la remunicipalización. Sin haber alcanzado un acuerdo, podrían llevar la cuestión ante la Justicia.

Hay que tener en cuenta que el mercado funerario está en manos de las aseguradoras en más de un 70 por ciento, por lo que un conflicto judicial entre ellas y el Ayuntamiento supondría una merma importante en la capacidad de negociación de la empresa municipal, cuyos precios públicos se fijan por Ley y no tienen mucho margen de modificación. «Difícilmente podrá convencer el consistorio a Mapfre que derive los fallecimientos de sus asegurados a las instalaciones muncipales», señalaron fuentes conocedoras del contrato.